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ISABEL DOMINGO
Lunes, 24 de abril 2017, 00:09
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Algo más de 23.000 apartamentos ilegales afloraron en la Comunitat en los últimos tres años, según datos de la Agència Valenciana de Turisme. De ellos, la Federación de Hostelería cifró, la semana pasada, en unos 5.000 los localizados en la ciudad de Valencia, de ahí que la Asociación de Apartamentos Turísticos de Valencia (Apartval) inste a un mayor control de los alojamientos ilegales por parte de las administraciones.
Y apunta directamente al Ayuntamiento de Valencia, que el verano pasado anunció una normativa específica que aún no se ha materializado. «Tienen que acelerar. Somos conscientes de que es un tema complejo porque implica a varios servicios municipales y de que hay que conciliar los intereses empresariales y vecinales, pero urge su puesta en marcha», asegura el presidente de Apartval, José Benavent.
Una ordenanza que serviría, a su juicio, para «dar seguridad jurídica a los empresas del sector y para mejorar la imagen de la ciudad», en referencia a los carteles vecinales que rechazan los alojamientos de este tipo, dirigidos mayoritariamente a los situados en fincas particulares.
Por ello, piden que el documento refleje «la legalidad como condición base para realizar este tipo de actividad». En este sentido, la actividad de los apartamentos regulados pasa controles mientras que los ilegales «trabajan sin las mínimas condiciones y sin un control fiscal. Es claramente competencia desleal», denunció el portavoz de Apartval, entidad que aglutina a unos 650 apartamentos en el cap i casal.
Aprobación comunitaria
Para esta asociación la solución pasaría por reconocer tanto a aquellos apartamentos que ocupan una finca completa como aquellos que conviven con domicilios «pero tengan la autorización expresa de la comunidad de propietarios e, incluso, algún tipo de compensación para los vecinos». Los edificios, además, se han convertido en un «flujo de inversión importante».
Benavent también insiste en la importancia de que las plataformas de internet reflejen en las viviendas que anuncian el número de registro que acredita que son turísticas y, por tanto, «cumplen con una serie de garantías».
La oferta ilegal tiene otro factor negativo sobre la ciudad, ya que «contribuye a bajar el precio medio de la pernoctación en la ciudad, situándonos en un perfil de turismo low-cost, cuando deberíamos apostar por un perfil más elevado». Por ello, también reclaman que la ordenanza refleje «qué modelo turístico quiere la ciudad, para que no nos ocurra como en otras ciudades como Barcelona».
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