Las Provincias

El futuro concierto del Consell excluye a las empresas para gestionar residencias

Una residencia de ancianos valenciana, en una imagen de archivo. :: tino calvo
Una residencia de ancianos valenciana, en una imagen de archivo. :: tino calvo
  • La asociación profesional del sector y el sindicato Fsie critican que el nuevo modelo autonómico sea exclusivo para entidades sin ánimo de lucro

A principios del próximo año entrará en vigor el bautizado como concierto social, la nueva fórmula jurídica y de financiación en el que quedarán enmarcadas las entidades sin ánimo de lucro que gestionan residencias de ancianos o centros de personas con diversidad funcional, menores o inmigrantes, entre otros servicios sociales. Sin embargo, este concierto será exclusivo para entidades del tercer sector (ONGs, especialmente), lo que no ha sentado nada bien a la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte) ni a la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza y Atención a Personas con Discapacidad (Fsie), puesto que excluye a las empresas que prestan este tipo de servicios.

Con el concierto social, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas va a sustituir al actual modelo de subvenciones con el que se financian estas entidades sin ánimo de lucro, así como regular las actividades que desarrollan y otorgarles «estabilidad financiera», como explicó la vicepresidenta Mónica Oltra en la presentación de la iniciativa el mes pasado.

Sin embargo, para José María Toro, director general de Aerte, con este nuevo modelo «se primará la forma jurídica por encima de la calidad del servicio que se presta». En esta línea pone como ejemplo el último concurso convocado para concertar plazas en residencias privadas en el que, entre otros requisitos, se solicitaba servicio de enfermería las 24 horas del día, baño y aire acondicionado en cada habitación o doble menú. «¿A las entidades sin ánimo de lucro les van a pedir lo mismo?», se pregunta.

Sobre los requisitos y obligaciones que deberán cumplir las entidades del tercer sector, en la presentación del plan concretaron que «se contempla la necesidad de estar debidamente acreditada, disponer de solvencia técnica y financiera, tener experiencia en la atención del colectivo, gratuidad total del servicio y disponer de un certificado de calidad».

Toro recuerda también que a los contratos de gestión indirecta sí pueden optar las entidades sin ánimo de lucro y que, incluso, en buena parte de ellos se reserva una parte del contrato para estas ONGs. Por tanto, en su opinión, «el contrato social debería ser abierto para todo el mundo y no excluir de manera directa a las mercantiles del proceso, porque si se hacen espacios cerrados no se puede competir». Además, insiste, «así el ciudadano podrá elegir entre las máximas opciones».

En esta línea, el sindicato Fsie, en las alegaciones presentadas al futuro decreto, recordó a la conselleria que «en virtud de la legislación vigente, las entidades con las que se puede establecer un concierto social deben ser las que pueden inscribirse en el Registro General de los titulares de actividades de acción social y de los centros y servicios de acción social en la Comunitat, entre las que se recoge las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, titulares de servicios y centros de acción social autorizados».

Desde la formación insistieron en la importancia de promover conciertos sobre los que articular la colaboración público y privada, «avanzando en la configuración de una red dual de centros, públicos y privados que devendría en instrumento fundamental para garantizar la prestación de los servicio con marcadas notas de cohesión social».

Por contra, tanto Aerte como Fsie valoran positivamente que la conselleria establezca este marco de seguridad para las entidades sin ánimo de lucro, pero no a costa de excluir al resto de organizaciones.

Fsie, además, pone el acento en las condiciones laborales de los trabajadores, por lo que el proyecto «debe garantizar que sus derechos y deberes sean lo más parecido a los de sus homólogos del servicio público». La formación también reclama que se garanticen las condiciones en las que se ha de otorgar el concierto, así como los períodos y las causas en las que puede ser eliminado. Todo ello, aclaran, «con el fin de evitar una actuación totalmente arbitraria por parte de la Administración en cuanto a la concesión, temporalidad y supresión de los conciertos».

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