Las farmacias exigen a Sanidad que descarte el plan para dotar de medicinas a las residencias

valencia. La consellera de Sanidad, Carmen Montón, se las prometía ayer muy felices en relación a la respuesta que los farmacéuticos iban a dar al plan de su departamento de que la compra y dispensación de medicamentos en las residencias de ancianos se hará a través de los servicios hospitalarios en lugar de en las farmacias. Montón indicó, incluso, que desde el colegio de farmacéuticos le habían trasladado que «quieren colaborar y seguir colaborando como lo han hecho hasta ahora» con la conselleria.

Sin embargo, poco después los presidentes de los colegios de farmacéuticos de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante se reunían con la directora general de Farmacia y Productos Sanitarios, Patricia Lacruz, para recibir las primeras explicaciones sobre el citado modelo de prestación farmacéutica de las residencias, tanto públicas como privadas. Tras el encuentro, solicitaron que, directamente, la conselleria descarte el plan previsto.

En concreto, desde el Consejo Valenciano (que componen los tres colegios) quisieron recalcar su «malestar» porque se trata de una propuesta que, según indicaron, «se ha presentado de una forma unilateral, sin haber contado con los colegios y no creemos que este proyecto vaya a generar un hipotético ahorro sin disminuir la cercanía y calidad del servicio prestado que sólo la garantiza la farmacia comunitaria».

Sobre ello, Sanidad prevé que, con el nuevo modelo, se van a ahorrar 13 millones de euros anuales como resultado de ganar en eficiencia por la gestión de compras y la centralización del proceso de preparación de medicamentos.

Sin embargo, el pleno autonómico del citado consejo decidió ayer no avalar el programa, bautizado como Resi-EQIFar, y solicitó a Sanidad los datos que justifican la viabilidad de su propuesta «puesto que hoy -por ayer- no se nos ha presentado la información suficiente».

«No entendemos que desde la conselleria se lancen ideas, basadas en criterios economicistas, que no beneficien al paciente», indicaron fuentes de la citada entidad, que lamentaron también que «no tiene sentido que exista un decreto, que aunque está vigente desde 2010, no se haya aplicado ni con el anterior Gobierno ni con éste». Por todo ello, anunciaron, «vamos a estudiar las medidas pertinentes porque el modelo presentado no se ajusta a la legalidad».

Si este plan sigue adelante, las farmacias perderán los más de 27.000 clientes de las residencias.