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Una eurodiputada denuncia una aplicación que señala comercios que no «usan catalán» en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Aragón, Baleares y Francia

En una pregunta dirigida a la Comisión Europea, pide la intervención del Ejecutivo comunitario para «evitar la discriminación lingüística y el respeto a la diversidad»

efe

Viernes, 24 de marzo 2017, 11:48

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La eurodiputada del grupo liberal europeo (ALDE) Teresa Giménez Barbat denunció hoy que el Gobierno de Cataluña financie una aplicación para móviles destinada a señalar los comercios que no usan catalán en Francia y España.

En una pregunta dirigida a la Comisión Europea (CE) pide la intervención del Ejecutivo comunitario para "evitar la discriminación lingüística y el respeto a la diversidad", y recalca que tanto el español como el francés son idiomas oficiales de la UE.

Según explicó la parlamentaria en un comunicado, la Plataforma per la Llengua ha recibido subvenciones del Gobierno de la Generalitat por valor de más de 4 millones de euros durante los últimos seis años y parte de ellos se han dedicado a desarrollar la aplicación digital.

Giménez Barbat añadió que la "app" tiene por objetivo "poder denunciar" si algunos de los 1,5 millones de comercios en Francia y las comunidades autónomas de Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana o Baleares no hacen "un uso adecuado del catalán", según el criterio de la plataforma y sus usuarios.

La política afirma en su pregunta a la Comisión que la acción contraviene el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, referente a la no discriminación por motivos de religión, sexo, lengua, raza u opiniones políticas.

"Es inaudito que un gobierno de una región que forma parte de un Estado miembro dedique dinero público a financiar acciones que fomentan la delación y dividen a la sociedad", declaró la eurodiputada.

Giménez Barbat agregó que la web de la Plataforma per la Llengua está disponible en catalán, occitano e inglés, pero no en francés, español ni valenciano lo cual, en su opinión, pone de manifiesto que "la verdadera intención de la aplicación es la imposición del monolingüismo tanto en las comunidades autónomas citadas en España como en el sur de Francia".

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