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La Ley de Costas tumba el plan para proteger el litoral en cuatro pueblos de la Comunitat

Viviendas en la zona de Serra Grossa afectadas por la ordenanza de la Ley de Costas. :: alex domínguez
Viviendas en la zona de Serra Grossa afectadas por la ordenanza de la Ley de Costas. :: alex domínguez
  • El Consell ha invadido competencias estatales al ignorar una norma del Parlamento y una sentencia del Constitucional

La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio sigue adelante con el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) independientemente de la violación de la normativa estatal y los errores que contiene el plan, que han sido denunciados por los afectados.

Entre ellos se incluye el que la Conselleria ha ignorado en la redacción del plan una orden ministerial que desarrolla la Disposición Transitoria 7ª de la Ley de Costas que tumba el Pativel en cuatro municipios de la Comunitat: Alicante, Santa Pola, Xilxes y Oliva.

En estos momentos, y según las fuentes consultadas, la orden se encuentra en tramitación en el Consejo de Estado y está a punto de recibir el definitivo visto bueno.

El Pativel, del que acaba de terminar el periodo de exposición pública y se están estudiando las alegaciones, pretende impedir la edificación en los mil metros más próximos a la costa en 34 zonas de la Comunitat. Afectará a 6.700 hectáreas de la franja litoral. El plan ha provocado el rechazo de vecinos y ayuntamientos de todos los signos políticos, ya que consideran que invade competencias municipales además de dejar sin valor un buen número de propiedades sin conceder indemnización alguna.

La orden, que será emitida conjuntamente por los Ministerios de Hacienda y Medio Ambiente, ya estaba redactada durante el periodo en el que el Gobierno estuvo en funciones. Ahora, según señala José Todolí, portavoz del PP en Oliva, está de nuevo en marcha y a punto de hacerla efectiva.

La orden en tramitación ha recibido hasta la luz verde del Tribunal Constitucional que ha dado el visto bueno a la disposición séptima de la ley de Costas tras un recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSOE. El TC considera que las zonas de 12 municipios de toda España incluidas en la transitoria «han perdido las características naturales que determinaron su inclusión en el dominio público-marítimo-terrestre» y que la acción del hombre «las características de dominio público natural». Ante ello, el alto tribunal aconseja la desafectación a través de deslindes.

Pese a todo ello el Pativel las ha incluido en las zonas protegidas ignorando la decisión del alto tribunal, del Ministerio e invadiendo competencias estatales recogidas en la Ley de Costas.

El Pativel quería convertirlas en zonas verde con todo el ordenamiento en contra, lo que critican los populares. «Debía haber obligado a la Conselleria a tomar en consideración la situación de cada núcleo afectado», afirman. Es más, señalan que este hecho viene a demostrar que el plan no entra a valorar las circunstancias de cada localidad, ni de los vecinos afectados.

Como señala el texto de la orden ministerial son áreas que se encuentran en una situación quasi urbana, un aspecto que la Conselleria de Vivienda debería haber tenido en cuenta. De esta forma, dota de valor a unos terrenos a los que la inclusión en el Pativel se lo arrebataba y permite la transmisión sucesoria.

Otros errores

Se trata de uno más de los errores que se incluyen en este documento. El Partido Popular ha presentado una moción en los 74 municipios afectados por el plan de ordenación que ha provocado roces en el pacto que mantienen los socialistas con Compromís.

Las dos formaciones han llegado a romper la disciplina de voto en alguno de los principales municipios e incluso en algún caso, como en Oliva, la coalición nacionalista ha pedido que se derogue la nueva normativa votando junto a los populares.

La moción elevada por el PP incluye la corrección de toda la cartografía del Pativel por otra más detallada para que permita comprobar sus afecciones.

Además, propone que se incorpore al plan una memoria de sostenibilidad económica en el que se valoren las indemnizaciones a las que tendría que hacer frente la Generalitat por el cambio de calificación de los terrenos. También solicita la suspensión de la tramitación hasta que no se cumplan las condiciones anteriores.

Una vez cumplidas, los populares solicitan que se abra un periodo de alegaciones de tres meses para que los afectados puedan conocer su afección.

Entre los errores cometidos por la planificación se encuentra intentar que la cala del Moraig aparezca como playa natural cuando es urbana. Algo similar ocurre en Benissa donde el pleno aprobó por unanimidad en el pleno la suspensión de la aplicación de este proyecto referente a La Llobella, «hasta que se realice la cartografía adecuada, así como un análisis territorial y social detallado respecto a nuestra zona costera, para incluirlo en el Plan General Estructural».

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