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J. BATISTA
Lunes, 27 de febrero 2017, 00:18
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La principal organización de asociaciones de padres de alumnos de España, Ceapa, ha iniciado una campaña a nivel estatal para intentar frenar los pagos que se producen en los colegios e institutos públicos al considerar que se trata de una práctica «irregular».
En la Comunitat, las dos federaciones que forman parte de esta confederación ya han anunciado que secundarán la iniciativa. En cuanto a Fampa València, la idea es hacer una recopilación de los casos de los que tengan constancia las Ampas y de las diferentes casuísticas. Un trabajo similar emprenderá la Fapa Gabriel Miró de Alicante, que además prevé hacer difusión entre sus asociadas recordando que, en la Comunitat, existe una regulación concreta que prohíbe los cobros a las familias por recibir las enseñanzas gratuitas, ya sean de la red pública o de la concertada. Los siguientes pasos, como el traslado de la información a la conselleria, quedan a la espera de lo que determine la confederación, que todavía no ha concretado cómo evolucionará la iniciativa.
«La vamos a abordar, aunque es cierto que en los últimos meses aquí ha habido mucha actividad y es algo que se había quedado pendiente. En cualquier caso, no estamos de acuerdo, y cuando nos ha llegado alguna información en este sentido, sobre todo de institutos en relación a folios o material escolar, la hemos trasladado a la administración, que ha actuado», explica Màrius Fullana, presidente de Fampa València.
Su homólogo en la Gabriel Miró, Ramón López, recuerda que el decreto de admisión de 2016 ya prohíbe explícitamente cualquier tipo de pago relacionado con las enseñanzas gratuitas. «Fue una petición que planteamos en la Mesa de Padres, y aunque todo el mundo pensó que aquello se regulaba por los concertados, lo cierto es que fue para todos. Nosotros hemos llegado a tener un caso en que se pedían 50 euros por familia para mejoras en el menú de comedor. Por suerte a raíz de denunciarlo se paró», dice.
También señala que es recomendable que las Ampas eviten situaciones que puedan derivar en problemas. Pone el ejemplo concreto, que se está dando en Alicante, de empresas que plantean mecanismos para incluir extraescolares de pago durante el horario escolar en centros con jornada continua.
En cuanto a las casuísticas concretas de copago en las escuelas públicas, suele tratarse de un único abono por curso en concepto de folios o mediante 'cajas socializadas', que se refieren a la aportación de las familias de una misma clase para comprar material fungible del aula, sobre todo en Infantil. A veces también interviene el Ampa, que recoge el dinero -no siempre se advierte de la voluntariedad- y acaba haciendo una donación.
Desde los centros consultados se explica que en la mayoría de ocasiones se considera material escolar equiparable a los libros de texto que es necesario para completar las actividades lectivas con recursos de elaboración propia o para facilitar fotocopias a los alumnos. También señalan que los cobros se intensificaron en la época de la crisis, cuando los pagos de Educación se demoraban meses. En este sentido, Ceapa considera que estos ingresos «extraordinarios» vulneran el mandato de gratuidad de la enseñanza obligatoria y también «la obligación que tienen las administraciones de dotar a los centros de los recursos económicos y humanos que necesiten según la legislación vigente».
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