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J. BATISTA
Lunes, 20 de febrero 2017, 00:10
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La Conselleria de Educación no ha tenido más remedio que prorrogar los contratos que desde 2006 y 2007 permiten mantener el servicio de transporte escolar debido al retraso que acumula el concurso que debe elegir a las nuevas empresas encargadas de prestarlo. El procedimiento debía haber entrado en vigor el 1 de septiembre de 2016 pero no se ha adjudicado aún y la demora suma ya cinco meses.
Para más inri, parte del sector valenciano dedicado al transporte de viajeros ha trasladado a la conselleria su malestar por las decisiones adoptadas en la mesa de contratación. Incluso se ha llegado a hablar en alguna de las muchas alegaciones presentadas de actuación «negligente». Según las empresas consultadas por LAS PROVINCIAS, se le afea a la administración que no haya respondido a quejas realizadas o que no haya consultado dudas técnicas sobre los vehículos a la conselleria competente (Obras Públicas).
Las mismas fuentes ponen como ejemplo ofertas que han incluido autobuses cuya titularidad es distinta a las de las empresas que los proponen, que no se haya contestado a escritos que advierten de que hay autocares que incumplen requisitos como el de la antigüedad o que se han dado plazos adicionales que no correspondían a algunas entidades para presentar documentación. Que la mesa de contratación ha sido conocedora del malestar queda patente en la primera propuesta de adjudicación, en cuya acta se defiende. «En relación a las alegaciones sobre una supuesta dejación de funciones y renuncia al ejercicio de sus competencias (...), la mesa hace constar que ha quedado publicada en la plataforma de contratación toda su extensa actuación en este expediente, constando todas las solicitudes de aportación de documentos y alegaciones requeridas por esta mesa». Eso sí, hay escritos posteriores que le critican, como ya se ha indicado, que no se pronuncie sobre aspectos técnicos planteados. La última propuesta de adjudicación de los 24 lotes es distinta a la primera por las exclusiones decididas tras la presentación de documentación requerida de los vehículos o del licitador. En Alicante se da un caso curioso, pues se dejó fuera a dos UTE's a las que se les adjudicaron tres lotes en principio, pero recurrieron al Tribunal de Recursos Contractuales y se les dio la razón, por lo han recuperado su posición.
Aunque la resolución del concurso debe llegar en breve, no acabará la polémica. «Si finalmente se adjudica en base a la última propuesta se presentarán recursos en los tribunales, que si acabaran siendo favorables a los impulsores incluirán reclamaciones patrimoniales a la conselleria», señalaron fuentes empresariales, que lamentaron además que la paralización del anterior concurso por parte del Consell del Botánico no ha beneficiado al sector valenciano. «En aquel estaban representadas el 90% de las empresas de la región, ahora no sucede así», en el sentido de que hay más presencia de organizaciones de fuera.
La licitación referida, impulsada por el PP, fue paralizada por Educación poco después del cambio de gobierno. Existía una propuesta de adjudicación para los tres lotes, pero al final dos se declararon desiertos mientras que en Valencia se desistió de adjudicarlo. El departamento alegó errores en los pliegos y cuestiones técnicas, aunque el sector considera que eran aspectos perfectamente subsanables, por lo que se sospecha que respondió a criterios políticos. En el caso de Valencia la decisión fue recurrida.
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