Las Provincias

Alumnos durante una clase en un colegio público. :: SERGIO PéREZ / REUTERS
Alumnos durante una clase en un colegio público. :: SERGIO PéREZ / REUTERS

El nuevo modelo lingüístico implantado por Marzà llega a los tribunales

  • El sindicato Csi·f impugna el decreto y denuncia la «discriminación» hacia los alumnos que estudien en castellano respecto a los que se formen en la lengua autóctona

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (Tsjcv) ya tiene encima de la mesa el primer recurso contra el decreto que establece el nuevo modelo plurilingüe de los colegios, presentado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csi·f) el martes al considerar que se atenta contra el derecho fundamental a la igualdad. Y no será el primero ya que tanto el PP de Les Corts como asociaciones de familias también han anunciado que optarán por la vía judicial para tratar de frenar la normativa.

El sindicato se ha mostrado crítico con la diferenciación que supondrá para los estudiantes que se formen en los niveles donde la lengua de enseñanza principal sea el castellano respecto a los que lo hagan en los que priman el valenciano. En el escrito se señala que el nuevo modelo «provocaría un claro trato discriminatorio para los alumnos cuyos centros optasen por el programa de nivel Básico con respecto a los que opten por el Intermedio, así como de estos respecto a los centros que se acojan al Avanzado». Se argumenta que pese a que un estudiante puede recibir una carga similar de inglés en las distintas etapas no se le acreditará automáticamente su nivel en el idioma con los certificados oficiales en igualdad de condiciones, pues todo dependerá del programa lingüístico elegido.

Y es que la norma reconocerá un A1 de inglés a los que acaben la Primaria en el nivel Avanzado (el que más peso da al valenciano como lengua vehicular); un A1 a los que finalicen la ESO en un Intermedio y un A2 si lo hacen en un Avanzado; y un A2 o un B1 si finalizan Bachillerato en el Intermedio o en el Avanzado respectivamente. También hay reconocimiento automático en cuanto al valenciano, si bien en este caso tiene lógica pues la escala de modalidades diseñada por Educación responde a la presencia de la lengua propia. En cuanto a los Básicos, en los que la mayoritaria es el español, no existe ninguna acreditación. Si un estudiante de estos quiere conseguirla, deberá pasar por una academia, una EOI o una prueba externa para obtener su certificado.

En un comunicado, la organización señaló que esta medida «debe considerarse anticonstitucional por cuanto resulta contraria al principio de igualdad al suponer el factor lingüístico un elemento discriminatorio», en detrimento «de los alumnos que quieren recibir enseñanza en castellano». Como explicó el portavoz de Csi·f Educación en la Comunitat, Rafael Benavent, «no se entiende esta diferenciación en relación a una de nuestras dos lenguas cooficiales», por lo que la organización aboga por darles el mismo tratamiento respecto a las certificaciones de lenguas extranjeras.

Benavent señaló que otro «eje fundamental» que sustenta el recurso es «la elevada exigencia formativa que se pide a los docentes», en referencia al nivel C1 de inglés necesario para dar clases en la lengua extranjera, lo que implica «varios años de preparación».

«Con las ratios y la carga burocrática y de trabajo actual apenas hay tiempo para tareas como la formación, y si atendemos a la política de la conselleria, todo indica que tendremos que pagarla los docentes», dijo. Otro aspecto que se recoge en el recurso tiene que ver con el artículo 4 de la norma, que establece que la administración educativa utilizará de manera general el valenciano. Csi·f entiende que también se vulnera el derecho a la igualdad «en cuanto al trato discriminatorio» que este uso «produce entre los castellanohablantes».

La impugnación se ha presentado por la vía de protección de derechos fundamentales de la persona, que es más ágil que la ordinaria.

En cuanto a próximas acciones, la diputada del PP en Les Corts Beatriz Gascó explicó que su contencioso «llegará de forma inminente» y lo justificó en que el decreto es «chantajista» por vincular el mayor peso de horas de inglés con los niveles de valenciano», por la acreditación, por «imponer el valenciano a los funcionarios» y por impedir la participación de las familias. Por su parte, Idiomas y Educación y la asociación para la Defensa del Castellano se están coordinando para impulsar otro recurso.

Frente político

Además, Ciudadanos ha presentado una PNL en Les Corts en la que se pide que «la oferta, titulación y nivel de inglés sea el mismo en todas las líneas» independientemente del peso de las lenguas cooficiales, mientras que en el Congreso el partido ha solicitado al Gobierno «garantías» en este sentido. En la Comunitat se ha reclamado además que se consulte a los padres, como explicó la diputada Mercedes Ventura. «Agotaremos la vía del diálogo, y si no la atienden, iremos a la vía judicial», sentenció.