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Una de las explosiones registradas en el incendio de la empresa química del polígono Fuente del Jarro declarado el miércoles. :: i. marsilla
Medio centenar de empresas valencianas almacenan grandes cantidades de sustancias inflamables

Medio centenar de empresas valencianas almacenan grandes cantidades de sustancias inflamables

El sector químico al que pertenece la compañía que ardió en Paterna emplea a 15.000 trabajadores y tiene que superar inspecciones anuales y controles

DANIEL GUINDO

Lunes, 13 de febrero 2017, 20:30

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El terrible suceso que tuvo lugar el miércoles en el polígono Fuente del Jarro de Paterna, en el que una empresa de productos químicos sufrió el peor incendio que ha registrado este enclave industrial en toda su historia, ha puesto el foco en la seguridad que acompaña a las compañías dedicadas a la manipulación de estos compuestos; unos productos capaces de generar explosiones y fuegos de gran magnitud o provocar serios daños por un vertido contaminante.

Según los datos que maneja la Asociación de Empresas Químicas de la Comunitat (Quimacova), la autonomía cuenta en este sector con 575 empresas en las que trabajan unos 15.000 empleados, por lo que un siniestro podría poner en riesgo una gran número de vidas. En concreto, en torno al 10% de estas compañías (más de medio centenar) son distribuidoras de estos compuestos (cuentan con unas instalaciones similares a la empresa en la que se originó el incendio), por lo que almacenan grandes cantidades de productos inflamables, aclararon desde la entidad. Además de en el polígono Fuente del Jarro de Paterna, estas comercializadoras tienen especial presencia en zonas industriales de las provincias de Valencia (Chiva, Massalfassar, Torrent, Alcàsser, Rafelbunyol o Ribarroja) y Castellón (Onda, Nules o Vilafamès).

El resto de las empresas del sector químico se reparten por prácticamente toda la Comunitat y se dedican especialmente a la fabricación de compuestos como fertilizantes, colas, resinas, productos cosméticos, fitosanitarios, detergentes o pinturas, entre otros. En cualquier caso, todas ellas deben extremar las precauciones puesto que también almacenan productos inflamables, aunque en menor cantidad que las distribuidoras. El transporte de estas sustancias o la gestión de los residuos son otras de las actividades que completan el ámbito de la industria química.

Para tratar de que se extremen las precauciones y minimizar las posibilidades de que se produzcan accidentes, la Administración ha venido aprobando en los últimos quince años una serie de decretos que, entre otras cuestiones, desarrollan el reglamento de almacenamiento de productos químicos, a nivel general, y de productos concretos, como los fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno.

Otro colegio profesional también pide más inspectores

  • El Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat (Coiicv) también reivindica la necesidad de que la Administración autonómica se dote de más inspectores, reclamación que ya realizó el jueves el Colegio de Ingenieros Industriales y de Grado de Valencia. El decano del Coiicv, Miguel Muñoz, recordó que, con el cambio de normativa de 2010, «se desregularizaron las inspecciones y controles en las industrias y ahora, con una declaración responsable, ya está todo resuelto». En esta línea, lamentó que, en este tiempo, se han jubilado 25 ingenieros industriales de la plantilla de la Generalitat «y no se han repuesto», aunque matizó que el Consell ya se ha comprometido a activar un plan de acción para el fomento de la seguridad industrial.

A grandes rasgos, la mayor parte de estas empresas debe superar anualmente inspecciones en las que se revisa visualmente el estado de las instalaciones y se llevan a cabo comprobaciones técnicas. Además, y salvo algunas excepciones concretas, estas compañías tienen que someterse cada cinco años a un control en profundidad, en el que se evalúa que se siguen cumpliendo todos los requisitos que se superaron para su puesta en servicio (en ese momento, ya fueron inscritas en un registro para su control).

Estas inspecciones las suelen llevar a cabo organismos de control autorizados por la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y son las propias empresas las que tienen que presentar ante la Generalitat estos certificados que acrediten que han superado la inspección. La normativa también establece una serie de sanciones para cualquier incumplimiento en el que pudieran incurrir las compañías, y establece sanciones de entre 3.000 a los 600.000 euros (y la paralización de la actividad) en función de la gravedad de los incumplimientos.

Entre las medidas de seguridad que deben cumplir, según indicaron desde Quimacova, se encuentran la obligatoriedad de instalación de una señalización bien visible que indique la presencia del producto en cuestión y de los riesgos que puedan existir, la existencia de duchas y lavaojos en las inmediaciones de los lugares de trabajo, así como (en casos concretos) de sistemas de prevención de fugas o derrames y de protección contra incendios. Equipos de protección individual, indicadores de la dirección y sentido del viento, planes propios de revisiones para comprobar el buen funcionamiento de las instalaciones o planes de emergencias son otros de los requisitos que deben cumplir.

Desde Quimavoca recordaron que, además, las empresas realizan auditorías propias y revisiones internas y que éste es el sector más vigilado.

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