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Control de la Policía Nacional desplegado en partidas rurales de Vila-real. :: policía nacional
Los robos en el campo en Valencia causan las pérdidas más elevadas en ocho años

Los robos en el campo en Valencia causan las pérdidas más elevadas en ocho años

Agricultores lamentan daños y sustracciones por valor de 23 millones pese al incremento de las detenciones y el endurecimiento de penas

J. A. MARRAHÍ

Lunes, 30 de enero 2017, 19:56

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«Con una radial se llevan hasta las puertas dobles de entrada a los huertos», se queja un agricultor de Castellón. Ramón Mampel, secretario general de la Unió de Llauradors i Ramaders, eleva también su desesperación: «Estamos hartos de ver estas escenas en los campos, cansados de trasladarlo una y otra vez a las administraciones... Cualquier preocupación no es suficiente», lamenta el responsable de la organización agraria.

Con el año cerrado, llega la hora de hacer balance y el problema de los robos en el campo, lejos de mejorar, parece cronificarse e incluso ir a peor. Al menos así se desprende de la primera cuantificación de pérdidas por culpa de la delincuencia que realiza la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja): nada menos que 23,3 millones de euros, la cifra más elevada de los últimos ocho años y que supone un incremento de 13 millones respeto al año anterior.

Se trata de un mordisco de 64.000 euros diarios para los agricultores que se sustrae de sus ganancias en forma de frutas y hortalizas, cerramientos de los huertos, puertas, candados, cajas, maquinaria, cableado, tapas de contadores de riego, puertas de alquerías... La lista es extensa y la indignación entre quienes viven del campo no cesa.

«Hacen todo lo que pueden»

«Sabemos que la Guardia Civil está trabajando duro y con constancia. A los agentes se les ve más que antes. Hacen todo lo que pueden y crecen las detenciones, pero lo cierto es que el problema no remite ni a la de tres y el endurecimiento de penas para los autores no se aprecia lo más mínimo en la práctica», lamentan desde AVA. Más presión policial y más arrestos. Pero escasos resultados en lo que realmente importa a los afectados: que daños y sustracciones se reduzcan.

La Unió denunció a principios de año la proliferación de nuevos robos y destrozos en partidas rurales de Castellón. La Policía Nacional respondió desplegando un amplio dispositivo en Vila-real en el que participaron agentes municipales y hasta un helicóptero. Un centenar de personas fueron identificadas.

En otra operación reciente, la Guardia Civil de Gandia detuvo a dos jóvenes de 21 y 23 años sospechosos de robar en casetas de campo de La Safor. Forzaban las cerraduras y se apoderaban de objetos de valor, entre ellos unas bicicletas valoradas en 200.000 euros. También sustrajeron motores de riego y herramientas, según la Benemérita.

A la espera de cerrar datos del año pasado, la Delegación del Gobierno en la Comunitat no ha confirmado todavía si el número de denuncias de delitos en el campo ha aumentado durante 2016, como cabría esperar por las pérdidas millonarias a las que alude la organización agraria. Los últimos datos gubernamentales hablan de un aumento de detenciones y un esclarecimiento de 537 delitos hasta septiembre, un 53% más respecto a 2015.

En cualquier caso, el mensaje del delegado, Juan Carlos Moragues, es siempre el mismo. Insta a los agricultores afectados a que denuncien el más mínimo hurto, aunque alberguen poca esperanza de recuperar lo perdido. Es el único modo de conocer la verdadera dimensión del problema e intentar poner a los autores en manos de la justicia.

Cierre de caminos

Y mientras la lacra persiste, los municipios afectados inventan alternativas en busca de la seguridad perdida. La Pobla de Vallbona ha sido la última localidad en sumarse al cierre de caminos rurales para combatir los saqueos de cosechas y los asaltos a instalaciones agrícolas de quienes buscan herramientas, aparatos o cobre.

Para ello se ha creado una comisión integrada por concejales, agricultores y técnicos municipales que estudiará las peticiones de cierre. Se autorizarán siempre que estén de acuerdo los propietarios y no haya terceros afectados. De esta manera, al reducir zonas de paso, entienden que se facilita el trabajo policial al reducir áreas de vigilancia.

El problema de los robos en el campo supone un quebradero de cabeza que, al ser propio de zonas rurales, asume la Guardia Civil. Pero la Policía Nacional también ha dado muestras de una mayor implicación ante el fenómeno delictivo. No en vano, las naranjas robadas en los pueblos acaban vendiéndose ilegalmente en tiendas de las ciudades. Como ejemplo, la voluntad del nuevo comisario de la Policía Nacional en Alzira, Salvador Cantero. En su toma de posesión citó la inseguridad agraria como una de sus prioridades.

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