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Luis Candela
Martes, 17 de enero 2017, 01:15
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La Audiencia Provincial sentará en el banquillo a un acusado de propinar tal puñetazo a su víctima que le hizo estallar el glóbulo ocular. Los protagonistas de la trifulca son dos internos del psiquiátrico penitenciario de Fontcalent que se liaron a golpes para poner fin a sus diferencias. El desenlace: la víctima quedó ciega de un ojo. Por ello, el Ministerio Público pide una pena de once años de prisión para el procesado por un delito de lesiones con la circunstancia agravante de reincidencia. Además, el Ministerio Fiscal considera que cuando sucedieron los hechos no parecía tener afectadas sus capacidades intelectuales. El hombre sufre esquizofrenia paranoide que, a ojos del representante del fiscal, nada tuvo que ver en la agresión.
Los hechos se produjeron la tarde del 5 de julio de 2012. En torno a la una y media, ambos comenzaron una discusión verbal que fue subiendo de tono por momentos. La tensión entre los reclusos se saldó con un fuerte golpe contra uno de ellos en el ojo. El puñetazo provocó al perjudicado un traumatismo ocular en el globo izquierdo con herida penetrante y estallido del mismo, tal y como recoge la Fiscalía en su escrito provisional de acusación. El informe de los médicos forenses detalla que el impacto dejó como secuela al agredido «ceguera total» del ojo afectado y una «cicatriz de sutura intraocular de dos centímetros».
Sin embargo, la víctima no reclama indemnización por las graves secuelas ocasionadas por la pelea. Por ello, el Ministerio Fiscal solo refleja el montante que debería abonar el acusado, en caso de ser condenado, a la Conselleria de Sanidad. La víctima tuvo que ser atendida en el Hospital General de Alicante y requirió una intervención y un tratamiento que costó 4.836 euros.
El procesado se encontraba recluido en el centro penitenciario psiquiátrico alicantino por una sentencia firme por un delito de violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato familiar. La enfermedad que sufre el acusado, esquizofrenia paranoide acentuada por el abuso de sustancias como la cocaína y los opiáceos, le llevó al penal de Fontcalent en lugar de uno para presos comunes. Pese a ello, el representante del fiscal incide en su escrito en que en el momento de los hechos «no hay ningún dato que haga inferir que tuviera afectadas sus capacidades cognitivas ni volitivas».
El hombre deberá sentarse en el banquillo de los acusados ante el tribunal de la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante en las próximas semanas para responder por estos hechos.
En los últimos días, la violencia en los centros penitenciarios se ha recrudecido aunque principalmente contra los trabajadores que desempeñan allí su trabajo. La semana pasada, sin ir más lejos, tres funcionarios del centro penitenciario de Villena denunciaron haber sido agredidos por un interno acogido al programa de Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM) que solicitaba un cambio de módulo.
La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) informó que este interno protagonizó el viernes por la tarde una agresión contra tres de los funcionarios que se encontraban de servicio en el Módulo 7, «supuestamente uno de los más tranquilos de la prisión», según puntualizó entonces la formación sindical.
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