Las Provincias
Jesús Quesada, tras una de sus comparecencias judiciales.
Jesús Quesada, tras una de sus comparecencias judiciales. / EFE / Morell

El redactor del PGOU solicita al juez que aclare los delitos que le atribuye

  • Jesús Quesada presenta un escrito de aclaración al auto de procesamiento, que frena los plazos de recurso, por su presunta implicación por tráfico de influencias o revelación de información

El instructor del 'caso PGOU' dedica seis páginas específicas para la figura del arquitecto al que se contrató para confeccionar la reestructuración del urbanismo de Alicante. Jesús Quesada Polo es uno de los diez procesados por el titular de Instrucción 5 de la capital alicantina, Manrique Tejada, a quien atribuye los delitos de información privilegiada facilitada por autoridad y tráfico de influencias, aunque este último no parece abordarse en el relato que el magistrado hace de su participación. Por ello, el redactor del Plan General de Ordenación Urbana ha presentado un escrito a fin de clarificar este extremo, según confirmaron fuentes próximas al caso.

Este hecho paraliza el tiempo de tres días para presentar recursos contra el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado notificado el martes pasado a las partes. Los acusados tienen de tiempo hasta que se resuelva la cuestión aclaratoria para tratar de hacer cambiar de idea al magistrado. De no prosperar los recursos de reforma todavía pueden acudir a la Audiencia Provincial en apelación.

La investigación judicial del asunto, puesta en marcha en el año 2007 en el marco de la 'Operación Brugal' que se dirigía desde Orihuela, dejó al descubierto un encuentro clave para el reparto del suelo de Alicante. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría Provincial lo sitúan en la Gerencia de Urbanismo celebrada el 15 de mayo de 2008.

En la cita participaron, además de Quesada, Enrique Ortiz y Sonia Castedo. El instructor tiene la convicción, tras la laboriosa investigación desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF, que allí se comenzó a tejer el traje a medida urbanístico al constructor. Aunque el redactor del proyecto no parecía estar demasiado conforme en un principio. Tejada le atribuye un papel de «obediencia debida» forzado por «el poder de convicción de Ortiz».

En una de las conversaciones que reproduce el magistrado entre el empresario y el arquitecto, el primero pregunta si «le has facilitado la ficha» del proyecto del Rico Pérez a «Carlos» y el redactor del plan le responde que «sí», que «ya está todo» pero que «no se la he facilitado, pero se la he leído entera». Para el juez, «las propias palabras se definen por sí mismas», así como «la propia acción». Es más, concluye que no se puede «cerrar los ojos a una realidad» que los procesados «van describiendo y confesando».

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