Las Provincias

Sonia Castedo atiende a los medios de comunicación antes de su declaración por el 'caso Rabasa'.
Sonia Castedo atiende a los medios de comunicación antes de su declaración por el 'caso Rabasa'. / J. P. R.

Castedo insiste ante el juez para que le concrete qué delitos le atribuye por el PGOU

  • La exalcaldesa del PP recurre en reforma su procesamiento al considerar que en las 240 páginas del auto el instructor no aclara su participación en la trama

Los acusados de integrar la «trama organizada», como la define el instructor del caso, por los presuntos amaños del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante batallarán para eludir el banquillo en un posible juicio. Es el caso de la exalcaldesa del Partido Popular Sonia Castedo, quien tiene previsto presentar hoy mismo al titular del Juzgado de Instrucción 5 de la capital su recurso de reforma tras conocer el martes su procesamiento por delitos de tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y cohecho. Se trata de una estrategia que ha mantenido de forma férrea la exedil y su equipo de defensa letrada desde el principio de la instrucción, que ha contado con el rechazo de los magistrados «por no ser el momento procesal oportuno».

El juez Manrique Tejada, responsable del caso, le atribuye un papel activo dentro los intentos por «apañar» el urbanismo de la ciudad al empresario Enrique Ortiz, si bien es cierto que a su antecesor, Luis Díaz Alperi, y al constructor les asigna un mayor protagonismo. Las investigaciones sitúan a Castedo en la reunión clave mantenida el 15 de mayo de 2008, donde supuestamente se fraguó el PGOU junto con Ortiz y el redactor del plan, Jesús Quesada, también procesado desde el martes pasado.

«Te hemos apañado también lo de..., lo que hay entre APA9 y Lomas de Garbinet», le dice supuestamente la exedil al promotor según las conversaciones intervenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría Provincial del teléfono del segundo.

Sin embargo, la defensa de la que fue primero concejal de Urbanismo durante la última era de Alperi insiste en que los cargos que le imputan a su patrocinada carecen de la fuerza suficiente como para llevarla al banquillo de los acusados. Según indicaron las fuentes jurídicas consultadas por este diario, el despacho del abogado Juan José Martínez Albert presentará esta misma mañana el escrito a fin de que el instructor cambie de opinión respecto a su resolución.

La línea del recurso sigue la ya defendida con anterioridad, pues Sonia Castedo mantiene que la investigación no ha puesto sobre la mesa las pruebas suficientes que dejen claro que presionó para mover los hilos a favor de Ortiz y perjudicar a las arcas del Ayuntamiento de Alicante. De no prosperar, esta parte acudiría a la Audiencia Provincial en apelación. Dichos trámites se podrían prolongar alrededor de dos meses si la decisión final ha de tomarla un tribunal de la sede provincial.

Por su parte, el instructor dedica 29 páginas de su extenso auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado a la presunta participación y los beneficios obtenidos por ello en el entramado corrupto. El documento incluye conversaciones y las compensaciones que Tejada concluye que Castedo pudo obtener, como las vacaciones pagadas a Andorra o los viajes en yate a Ibiza. En este apartado, el juez menciona la posible obtención de un coche Mini Cooper.

Según los pinchazos telefónicos intervenidos por la Policía, Ortiz pudo enmascarar la entrega del vehículo como una dádiva a la entonces alcaldesa de la ciudad de Alicante a través de una tercera persona. Los agentes escucharon cómo la mujer del industrial le espeta a su marido un «hostia, qué regalo, tío» después de que este le dijera que una amiga iba a «regalar» el Mini a «Sonia».

Además, ahonda Tejada sobre la revelación de información, «se extrae que Sonia Castedo habría entregado a Enrique Ortiz 'el último' después de la modificación», en posible referencia a información urbanística. El Juzgado de Instrucción 5 de Alicante aguarda la llegada de los recursos por la decisión de su titular comunicada el martes pasado a los sospechosos, entre los que figuran además de la terna principal, los socios del bufete Salvetti Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, el redactor del PGOU Jesús Quesada.

El juez también ha procesado a presuntos colaboradores de Ortiz, como su hermano Virgilio, su empleado Santiago Bernáldez o Pablo Rico, así como al constructor Ramón Salvador.