Treinta mil dependientes fallecen sin recibir la ayuda en la Comunitat tras 10 años de la ley

Una de las protestas de trabajadores y familiares de dependientes en Alicante. /
Una de las protestas de trabajadores y familiares de dependientes en Alicante.

Familiares y afectados reclaman una reforma de la normativa estatal con motivo del décimo aniversario, que solo ha generado «angustia y desesperación»

ESTHER BROTONSAlicante

Un décimo aniversario amargo. Ayer se cumplieron diez años de la conocida como ley de dependencia y no es una fecha para celebrar. La aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia de España, solo ha generado «angustia y desesperación». Así lo denuncian familiares y afectados de la provincia, que recuerdan sus diez años de lucha, de reivindicaciones, de indignación y de protestas y de patearse las calles con pancartas para exigir sus derechos, es decir, la aplicación real de la normativa.

«En este tiempo, el PP en la Comunitat ha estado en contra de los dependientes», lamentan desde la plataforma. Estiman que unas 30.000 personas valoradas fallecieron antes de recibir la ayuda del Consell. Este próximo domingo, la Plataforma en Defensa de la ley de Dependencia de Alicante se concentrará en la Plaza de Calvo Sotelo para recordar a la sociedad que «todos pueden ser dependiente». Saben que es muy complicado, pero instan a reformar una normativa que sigue dejando a miles de posibles beneficiarios en lista de espera.

Las quejas que llegan al Síndic de Greuges -institución muy sensible con el colectivo- muestran las importantes demoras que todavía se soportan. Hay casos de dependientes que 20 meses después de iniciar el expediente siguen esperando su resolución, pero en otros incluso la espera se agrava a los tres años. Tras ser valorados, la notificación de su grado de dependencia se queda en el aire. Unas demoras que desde el Síndic se consideran inaceptables ya que debería resolverse en el plazo de seis meses. El actual Consell dice que se ha encontrado con un «tapón» al acumularse en estos años miles de solicitudes.

Esta no ha sido la única traba. Más de 50.000 dependientes tampoco han podido beneficiarse de la retroactividad. No fue reconocida hasta febrero de 2011 y el «embrollo» de trámites y juicios por derecho de patrimonio para que los familiares reclamasen este pago echaba a muchos atrás. Hay situaciones de dependientes que estuvieron años en residencia a la espera de recibir la prestación, pero «fallecieron antes y a los familiares les tocó hacer frente al coste de esos años ingresados», denuncia Miquel Martorell, de la plataforma. Una entidad que en esta década se ha afianzado y se ha convertido en un referente para los afectados, -que buscaban información y asesoramiento, junto con el colegio de abogados- y en una plataforma reivindicativa que «lucha por el derecho de cualquier persona» en una sociedad más envejecida.

Cambio en la evaluación

El cambio de color político en el Ejecutivo valenciano está dejando ver algunas mejorías, según Martorell, quien, no obstante, reconoce que tendrán que pasar muchos años antes de que el sistema «se ponga al día». «Hay un compromiso para la resolución definitiva de 45.000 expedientes de la Comunitat hasta finales 2018, pero será complicado», señala en referencia al cambio de talante y el compromiso que ha adquirido la vicepresidenta del Consell y titular de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.

Hace dos semanas, la consellera avanzó que se está trabajando en el decreto de reconocimiento de la dependencia y acceso al sistema público que incrementa servicios, prestaciones y evaluaciones, con el que se agilizarán los procedimientos, podrán hacerse compatibles dos tipos de servicio o se complementará la prestación económica cuando no se pueda prestar el servicio público porque no lo hay. Además, se fomentará la autonomía personal y el número de evaluadores pasará de 17 a 400 en la autonomía tras pasar las competencias a los ayuntamientos.

Un traspaso que se aplicó desde el 1 de mayo de forma pionera en la provincia y está siendo cuestionado por la falta de presupuesto y de formación del personal. Unas quejas que también ha recogido el Síndic en un informe donde advierte de que esta cambio no ha supuesto una mejoría en resolver más solicitudes. Para la plataforma, son necesarios más recursos económicos y humanos y formación en los consistorios. En algunos servicios municipales están desbordados y en otros se muestran reticentes a asumir estas competencias.

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