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Parra, a su llegada a los juzgados de Xàtiva. :: J. A. Girbes
Archivan la denuncia por soborno en la adjudicación del vertedero de Llanera

Archivan la denuncia por soborno en la adjudicación del vertedero de Llanera

El expresidente del Consorcio de Residuos Vicente Parra declaró por la causa tras una querella, pero el juzgado no ve indicios de delito

M. GARCÍA

Jueves, 15 de diciembre 2016, 00:31

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valencia. Un juzgado de Xàtiva ha archivado la querella que la empresa Promourbe presentó por un presunto delito de soborno contra la anterior dirección del Consorcio de Residuos. Los hechos versaban sobre la presunta adjudicación, previo soborno o maquinación, de la concesión de la obra pública del proyecto de gestión de residuos urbanos en Llanera de Ranes a favor de la UTE querellada, formada por Fomento de Construcciones y Contratas y Dinámica Medioambiental.

La querella se dirigió contra el anterior responsable del consorcio, el exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Xàtiva y ex mano derecha de Alfonso Rus, Vicente Parra. La querella ahora archivada acusó a la UTE, a los representantes legales de la mercantil y a los técnicos de la Comisión Técnica del Consorcio de Residuos que suscribieron el informe de adjudicación de julio de 2009.

Pero el juzgado «no aprecia indicios racionales de delito». El auto también recuerda que la entidad querellante no era licitadora en el concurso objeto del conflicto. Lo era la mercantil Urbaser, «empresa que tenía con aquella un compromiso de adquisición mediante precio cierto de los terrenos de su propiedad, siempre y cuando resultara adjudicataria» en el proceso.

El juez advierte de que la querella partió de un hecho erróneo que desmontó buena parte de la argumentación. Rechaza «de forma palmaria» que existiera un informe por parte de los técnicos de la Generalitat a favor de la adjudicación a Urbaser y también que se pidiera un informe externo emitido ilegalmente y de manera anómala en base al cual se realizara la adjudicación a la UTE querellada. «No hubo tal irregularidad formal», prosigue el auto.

La Comisión Técnica, como le era debido, efectuó su propuesta, que lo fue según el parecer mayoritario de sus integrantes, recogiéndose como voto particular el distinto parecer de los dos técnicos de la Generalitat que formaban parte de dicha Comisión Técnica. De este modo, buena parte de la sustentación de la querella quedaba en entredicho.

El legal representante de la entidad querellante, José Andrés Asunción, mantuvo en su declaración que «un tal Ramón Lis», ya fallecido, le pidió tres millones de euros para arreglarlo todo. El juzgado concluye, tras argumentar que esta supuesta petición carecía de sentido, que la supuesta reclamación dineraria efectuada por Ramón Lis no se puede considerar un indicio de comisión del delito alguno por parte de los querellados.

Finalmente, el juzgado recuerda que los técnicos que intervinieron en el proceso, de Ayuntamientos con diferente color político e incluso de la propia Diputación de Valencia, tenían la correspondiente y suficiente formación y no alertaron de ninguna irregularidad en el mismo. «Acabo de recibir el auto y aún no lo he leído en profundidad. Sólo puedo decir que estoy contento aunque estaba muy tranquilo», declaró ayer Vicente Parra a LAS PROVINCIAS.

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