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E. RODRÍGUEZ
Jueves, 1 de diciembre 2016, 02:16
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El anteproyecto de Ley de Infraestructuras Agrarias, presentado ayer por el president de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, contempla la figura del suelo infrautilizado y, en casos extremos, la obligación de cederlo a terceros para su uso real. Según explicó el director general de Agricultura, Ganadería y Pesca, Roger Llanes, esta medida tiene como objetivo evitar problemas medioambientales o fitosanitarios, además de corregir el exceso de suelo abandonado, cerca de 140.000 hectáreas en los últimos veinte años.
A su juicio, este proyecto «sentará las bases del cambio del esqueleto de la producción agraria valenciana», y tratará de revertir la excesiva fragmentación de la propiedad a través del fomento de la gestión común y la sostenibilidad.
Esta ley «reconoce que la causa principal del abandono del suelo es la falta de rentabilidad» y contempla incentivos fiscales para la «movilidad de la propiedad de la tierra», tanto para su transmisión como el arriendo.
También prevé la creación de redes o bancos de tierra que serán gestionados por ayuntamientos o entidades vinculadas al sector agrario, con las funciones de supervisión, registro e inventariado del suelo disponible, para conectar oferta y demanda y dar prioridad a mujeres, jóvenes y profesionales.
Puig destacó que, a pesar de la crisis, el sector agrario representa el 16 % del PIB, el 14 % del empleo y el 24 % de las exportaciones, y hasta los años 70 del pasado siglo las exportaciones agrícolas valencianas supusieron el 25 % de la entrada de divisas en España, de modo que es un «sector fundamental para el renacimiento de la Comunitat Valenciana».
«El sector agrario es el que hace que seamos como somos, pero ahora; nuestro imaginario colectivo tiene que ver con la agricultura y la ganadería. Pero no podemos vivir del pasado, el Levante feliz ya no existe, si es que existió alguna vez, hemos perdido mucho tiempo al pensar que había atajos hacia la prosperidad, y no los hay», añadió.
La renta agraria, según lamentó, bajó un 35 % desde 2011 y la edad media de los agricultores ha subido de 48 a 64 años desde 1995, según Puig, quien abogó por una distribución de la población en el territorio más equilibrada, para evitar los «desiertos» en muchas comarcas.
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