Las Provincias

El Síndic carga contra Educación por limitar el derecho a elegir colegio

Concentración organizada en Valencia en defensa de la educación concertada. :: manuel molines
Concentración organizada en Valencia en defensa de la educación concertada. :: manuel molines
  • El Defensor del Pueblo critica la supresión de aulas concertadas y rechaza que se use como criterio la existencia de plazas libres en la red pública

El Síndic de Greuges ha recomendado a la conselleria que modifique su política a la hora de planificar las aulas que el próximo curso deben cubrir las necesidades de escolarización dentro del llamado arreglo escolar. En una resolución a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, que llega tras la queja de la Mesa por la Educación en Libertad, se sugiere «la aplicación estricta de la legislación vigente respecto a la creación y/o supresión de unidades (clases) en los centros privados-concertados, desterrando el criterio de subsidiariedad respecto a la escuela pública».

El escrito del Síndic es contundente. Si bien reconoce a la administración la potestad plena en la organización de cada curso, no comparte el procedimiento ideado y le recuerda que en España existe un régimen dual, en el sentido de que el servicio educativo gratuito lo prestan, de manera complementaria, las redes pública y concertada.

Tras asumir que hay que hacer una programación previa de las necesidades para garantizar el acceso y dotar a los centros de los profesores que se precisan, teniendo en cuenta la eficiencia de los recursos económicos existentes, alerta de que «no es posible aceptar» que se produzca «una merma del derecho de los padres a elegir centro docente, merma que sin duda se produce al suprimir unidades de educación Infantil y Primaria en algunos centros concertados en tanto en cuanto existan plazas vacantes en la escuela pública, tal y como aduce la Conselleria de Educación».

Hay que recordar que el arreglo provocó una oleada de protestas en diferentes ciudades, que llegaron a reunir a miles de personas del sector concertado en una movilización sin precedentes en los últimos años. Mientras que en el balance global la red sostenida vía concierto perdió aulas en las etapas de Infantil y Primaria, en la pública se ganaron 400. Sin olvidar las numerosas denegaciones para aumentar las unidades.

El Síndic no comparte el principio de subsidiariedad, una idea que han repetido en varias ocasiones los principales representantes de la conselleria, en el sentido de recurrir a la concertación sólo cuando la demanda no se pueda cubrir con la oferta pública. Señala además que si el arreglo escolar se realiza «sin un periodo sereno de reflexión, sin el consenso de las partes implicadas y con precipitación, puede incidir en el derecho de los padres a elegir centro docente para sus hijos».

Considera también que no se puede hacer desaparecer una oferta -la concertada- antes de que pueda ser conocida la «demanda real» y alerta de que puede resultar «discriminatorio para algunos centros en favor de otros «fundamentalmente si la supresión de unidades se basa en el criterio asumido por la administración de la existencia de plazas suficientes en la red pública».

El Síndic añade que «en el supuesto de admitirse la subsidiariedad de la enseñanza concertada supondría que la administración puede incrementar plazas en centros públicos y correlativamente suprimir unidades en los concertados aún cuando la demanda de estos se mantenga o incremente y se cumpla la ratio profesor-alumnos», lo que podría conducir «a la derogación del sistema de conciertos en la práctica».

La Mesa presentó la queja al considerar que el arreglo limitaba la elección, «imponía» un modelo «que beneficia sólo a una parte del sistema» y daba a la concertada un tratamiento «subsidiario y residual» pese a la obligación de tener en cuenta la demanda social en la planificación. Además lamentó la confusión creada por los cambios en las diferentes propuestas de supresión y la falta de transparencia en la tramitación. La conselleria alegó por su parte que hubo un periodo de alegaciones y se informó a las partes afectadas, antes de señalar que se aplicaron criterios con base legal.

Vicente Morro, portavoz de la organización, hizo una valoración «muy positiva» de la resolución. «Supone que los planteamientos de la Mesa se sustentan en la legislación vigente y el Estado de Derecho, que garantiza la libertad de las familias de elegir centro, la de los titulares de ofertar servicios educativos y la de los docentes de poder desarrollar su labor pedagógica».