Las Provincias

Sanidad pide datos del personal de B2B que presta servicios en las concesiones

Instalaciones del Hsopital de La Ribera, en Alzira. :: Francisco García
Instalaciones del Hsopital de La Ribera, en Alzira. :: Francisco García
  • La conselleria también solicitó información al Hospital de Manises porque tuvo participación de Ribera Salud

La solicitud de información trasladada por la Conselleria de Sanidad a los hospitales gestionados por el modelo de concesión de la Comunitat Valenciana, incluye la petición de documentación sobre los trabajadores que figuran en la nómina de B2B Salud y prestan servicios en esa concesión, cada uno de los hospitales gestionados por el modelo Alzira.

El requerimiento de información que Sanidad trasladó a las concesiones ofreciendo un plazo de 15 días para su presentación, no sólo se dirigió a los centros en cuya gestión participa Ribera Salud. También al de Manises, «en tanto que en algún momento tuvo participación de Ribera Salud y pudo tener relación con B2B», tal como apuntaron desde Sanidad.

Esta petición de datos la planteó Sanidad junto con la solicitud de información de operaciones relacionadas por las concesiones a través de B2B o copia de facturas emitidas por los proveedores por las compras realizadas, entre otras. La solicitud de Sanidad llegó tras la aparición de informaciones que apuntaban en la dirección de que Ribera Salud podría haber facturado comisiones a laboratorios que vendían sus productos en hospitales públicos. La reacción de Ribera Salud no se hizo esperar y negó la información y defendió su honorabilidad.

La solicitud de información ya ha desencadenado la respuesta del Hospital de Manises, que ayer reconoció que se le había reclamado información «sobre la posible relación con B2B en los años 2014 y 2015». La contestación del hospital de la comarca de l'Horta ha sido que «en esos años no hay ningún contrato que nos ligue a ellos», según la misma fuente.

Desde Ribera Salud reiteraron el martes que en estos momentos están preparando el informe requerido por el departamento autonómico. Ello implicará la remisión de la información de todos los centros sanitarios en cuya gestión participan: Alzira, Dénia, Elx y Torrevieja. Disponen de un plazo de 15 días que todavía no se ha agotado.

La denuncia de las prótesis

Una semana después de que aparecieran las primeras informaciones, se conoció la denuncia de la Policía Nacional en el juzgado de Instrucción número 4 de Valencia.

En este caso se apuntaba la presunta existencia de una trama de cobro de comisiones en Ribera Salud. Los hechos supuestamente consistirían en que la empresa -concesionaria de varios hospitales en la Comunitat- indicaba a los médicos a contratar las prótesis a unas empresas determinadas que previamente habían abonado una comisión a la firma. La investigación se encuentra en una fase inicial.

La investigación arrancó una vez más de un anónimo. Un sobre llegado a la sede del sindicato Simap alertó de las posibles irregularidades. La organización lo trasladó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef). Los agentes entregaron su informe en mayo en el juzgado.

El documento cita a una decena de personas; así como la responsabilidad que tenían en las empresas investigadas». Ninguna de ellas, como puntualizó el TSJCV, con la condición de investigado, la nueva denominación de imputado. La Fiscalía solicitó la imputación del consejero delegado de Ribera Salud, Alberto de Rosa, y el director financiero de la firma, Pablo Gallart.

La empresa Ribera Salud ha destacado en distintas ocasiones que la empresa no tiene conocimiento «oficial» de las actuaciones, que no se le ha notificado ninguna actuación judicial.

Tras conocerse la mencionada denuncia en relación con las prótesis, según Sanidad, se solicitó más información a las concesiones en las que participa Ribera Salud, concretándose en el ámbito de las prótesis. Se ha pedido información sobre proveedores, documentos referentes a la relación contractual, volumen de operaciones y también relativa a facturas.

El sindicato CC.OO anunció ayer que en el caso de que la Justicia decida juzgar a la firma por el presunto cobro de comisiones ilegales a los proveedores de material ortoprotésico a través de su central de compras, solicitará poder ejercer la acción popular en el proceso.

El sindicato señaló en un comunicado que está «legitimado» para «defender los intereses colectivos» y, por tanto, su personación en esta causa tendría por objeto «garantizar que todos los intereses, ciudadanos, sociales y laborales se vean atendidos en la instrucción y que se depuren las responsabilidades que, en su caso, existieran».

Una de las cuestiones que el departamento autonómico que dirige Carmen Montón tiene en estudio en estos momentos es la personación en el procedimiento «si es parte afectada».