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EFE.
Lunes, 28 de noviembre 2016, 00:21
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La Conselleria de Igualdad pone en marcha una medida para garantizar en 2017 que las personas mayores no atendidos por el sistema público puedan acceder a una residencia a no más de 20 kilómetros de su entorno familiar, mediante una prestación que prevé que beneficie a 2.000 personas. Cuando la Administración no pueda ofrecer una plaza residencial sostenida con fondos públicos, «se le concederá una prestación económica sustitutiva».
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