Las Provincias

Acepta un año de prisión por vender la finca de un matrimonio fallecido

  • La estafa se produjo en mayo de 2004 y fue organizada por un grupo de delincuentes dedicado a este tipo de fraudes

Un acusado ha aceptado hoy un año de cárcel y el pago de 810 euros en multas por vender a una inmobiliaria de Alicante una finca perteneciente a un matrimonio fallecido años antes, según han informado fuentes judiciales.

El procesado, Daniel V.B., utilizó a dos personas de avanzada edad que no han sido identificadas para que fingiesen ser los dueños del terreno ante un notario de Elda.

La estafa se produjo en mayo de 2004 y fue organizada por un grupo de delincuentes dedicado a este tipo de fraudes dirigido, supuestamente, por otro individuo, Jesús F.U., quien fue asesinado cuatro años más tarde por una banda de narcotraficantes.

Los restos óseos de Jesús F.U. aparecieron en 2011 en un paraje rural de la localidad alicantina de Tibi y la Guardia Civil esclareció el crimen el pasado año con la detención de dos sospechosos y la imputación de otros cuatro.

Tanto el hombre asesinado como Daniel V.B. y otros presuntos miembros de su banda de estafadores tienen múltiples antecedentes policiales y juicios pendientes por fraudes relacionados con la compra de inmuebles.

El juicio celebrado hoy en la sección primera de la Audiencia de Alicante se ha saldado con un acuerdo entre la defensa y la fiscalía, que ha rebajado su petición de condena a un año de cárcel por falsificación de documentos y estafa para el procesado, según fuentes judiciales.

Daniel V.B. ha admitido que él y Jesús F.H. se hicieron en mayo de 2004 con la escritura de propiedad y otra documentación de un terreno ubicado en la pedanía alicantina de Villafranqueza y perteneciente al matrimonio formado por un hombre que murió en 1992 y una mujer muerta desde 1998.

Los acusados falsificaron los DNI de los cónyuges y se los proporcionaron a dos personas de avanzada edad para que suplantaran las identidades de los difuntos en una notaría.

Los falsos propietarios firmaron un poder a favor de Daniel V.B. que éste utilizó para hipotecar la finca y venderla a una empresa inmobiliaria de Alicante por 1,2 millones de euros.

El acusado Jesús F.U. y una tercera procesada pendiente aún de juicio por estos hechos cobraron por adelantado 180.000 euros del precio pactado.

Fue un hijo del matrimonio fallecido quien descubrió el fraude al comprobar que se estaban llevando a cabo estudios topográficos en la finca y que ésta había sido adquirida sin que él lo supiera por un promotor.