Las Provincias

Absuelven a dos arquitectos de Alcoy por un siniestro en la reforma del retén de la Policía Local

  • Un operario sufrió graves lesiones al precipitarse cuatro metros por la rotura de una viga que, según la juez, no es achacable a los acusados por falta de seguridad

Un juzgado ha exonerado de toda responsabilidad a los cuatro acusados, entre ellos dos arquitectos municipales, por la caída de un operario que acometía los trabajos de reforma en el edificio de la Policía Local de Alcoy. El obrero se precipitó al vacío desde cuatro metros cuando las vigas de madera que soportaban el suelo se resquebrajaron, la mañana del 8 de agosto de 2005. Ahora, la juez responsable del caso absuelve a los acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores y otros de lesiones imprudentes, pese a que el acta de la Inspección de Trabajo indicara que «estos hechos constituyen una infracción en materia de prevención de riesgos laborales grave».

El Ministerio Público mantuvo su postura en el juicio celebrado el 19 de octubre pasado en el Juzgado de lo Penal 1 de la capital y ratificó su petición de dos años y medio de prisión para ambos responsables municipales, así como a los representantes de las dos empresas encargadas de desarrollar los trabajos en un edificio cuya última inspección se remontaba al año 1988. El operario debía ejecutar unas obras preliminares que no suponían mayor complicación que eliminar unos falsos techos, tabiques y el piso.

Mientras quitaba las baldosas de la primera planta, el suelo se lo tragó dejándole como heridas traumatismo cráneo-encefálico y la fractura de varias costillas y vértebras, además de la escápula izquierda. El hombre tardó 218 días en curar las heridas, la mayoría impeditivos para desarrollar su actividad normal y veintiuno de los cuales lo fueron de ingreso hospitalario.

La representante del fiscal acusaba a los cuatro procesados ante las deficiencias detectadas por la Inspección de Trabajo tras el incidente. Según el organismo no se pusieron en marcha medidas a fin de evitar lo sucedido como actuaciones «tendentes a garantizar la estabilidad estructural del forjado, la no utilización de medios de protección persona anticaídas» como tampoco se elaboró «un estudio básico de seguridad y salud».

Por su parte, los acusados sostuvieron en la vista oral que las obras efectuadas cuando se produjo el siniestro formaban parte de los trabajos «preparatorios» de la obra principal en el edificio de la Policía Local, en la calle Casablanca de Alcoy. Según detalló el representante de la firma subcontratada por el adjudicatario principal, comprobaron el estado de las vigas «y estaban sanas», según dijo. «El accidente se produjo porque el vicio se encontraba oculto», añadió.

En términos similares se pronunció el concesionario principal, pues adujo que «lo que falló en el empotramiento de la viga de la pared era imprevisible». Además, recalcó que se trataba de un contrato menor que no requería de estudio técnico porque tampoco se modificarían elementos estructurales del inmueble. El arquitecto municipal abundó en este argumento, al señalar que «no era necesario hacer un proyecto técnico ni plan de seguridad y salud».

La magistrada hace suyos los argumentos expuestos por los encausados y, «ante la falta de certeza o convicción en la comisión del hecho delictivo», resuelve exculparlos. La juzgadora alude al principio de 'in dubio pro reo' (en caso de duda, a favor del reo) por lo que «no puede estimarse acreditada la comisión» de los delitos. Entiende que, de la prueba practicada en el juicio, «en modo alguno se han acreditado la concurrencia de los requisitos exigidos por el tipo penal que se imputa a los acusados».

La Fiscalía solicitaba para la víctima una indemnización que ascendía a los 52.456 euros que debían asumir las distintas aseguradoras de las empresas, así como el Ayuntamiento de Alcoy y las mercantiles como responsables civiles subsidiarios.

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