Las Provincias

Enrique Ortiz y Rafael Galea en el banquillo de los acusados.
Enrique Ortiz y Rafael Galea en el banquillo de los acusados. / Á. D.

La Fiscalía rechaza recurrir la sentencia absolutoria de Ortiz y Galea por fraude

  • El Ministerio Público considera que, tal y como está argumentado el fallo por los alquileres de Hansa Urbana a firmas de Cívica, no procede impugnarlo

Los exonerados por el 'caso Hansa' salvan un obstáculo para convertir en firme su absolución. El Juzgado de lo Penal 1 de Alicante exculpó con su resolución notificada el 11 de noviembre pasado a Rafael Galea, como presidente de Hansa, y a Enrique Ortiz, además de colaboradores de ambos empresarios y de Aurelio González Villarejo, por el fraude fiscal por el que estaban procesados. Según sostenían las acusaciones, los dos principales constructores de la provincia habían pactado una compraventa de suelo rústico en la Condomina, en Playa de San Juan, enmascarada con contratos falsos de alquiler. Ahora, el Ministerio Público, principal acusación junto a la Abogacía del Estado, no recurrirá el fallo una vez agotado el plazo para su impugnación.

Según confirmaron fuentes de la Fiscalía Provincial a este diario, en los términos en los que se encuentra redactada la sentencia, siendo una cuestión de valoración de la prueba, y dados los requisitos exigidos actualmente para recurrir, el Ministerio Fiscal no estima procedente impugnar la resolución. Todo ello, tras un minucioso estudio del fallo por parte del fiscal responsable del caso, Antonio López Nieto, y del fiscal jefe, Jorge Rabasa, en los diez días dados de plazo, según detallaron las citadas fuentes.

El inicio del caso se remonta a hace más de una década, cuando Hansa Urbana, participada por la extinta CAM, alquiló una serie de fincas a filiales de Cívica y la promotora de Aurelio González Villarejo (este fue exculpado por problemas de salud antes del juicio). La mercantil del ladrillo que presidía entonces Rafael Galea puso en suspenso sus intentos por sacar adelante un proyecto de residencial en el PAU-4 de Alicante.

Por ello, Ortiz y sus socios vieron la oportunidad de posicionarse en la zona para, en un futuro, desarrollar su plan de instalar allí una ciudad deportiva para el Hércules. De ahí que decidiera alquilar el suelo hasta que finalmente Hansa accedió a su venta. La Agencia Estatal Tributaria (AETE) sospechó del movimiento, más si cabe debido a que el magnate abonó los cinco años de arrendamiento de golpe y por anticipado. Una maniobra que, a ojos del erario, enmascaraba una operación para sacar partido con una bonificación fiscal.

En total, la Agencia Tributaria denunció un fraude de seis millones de euros que percibió Hansa Urbana acogiéndose a la deducción por reinversión de beneficios en el Impuesto de Sociedades gracias a que la promotora de Galea pudo clasificar los terrenos como existencias en lugar de inmovilizado.

Sin embargo, la juez titular de Penal 1 de Alicante, María Teresa Belmonte, consideró que «no existe prueba alguna practicada en el proceso de la que poder deducir concertación previa entre las partes arrendatarias». Además, en una sentencia muy crítica con la actuación de los responsables de la Agencia Tributaria, afirmó que «no existe fundamento, ni en el informe de delito de la AEAT ni en las pruebas practicadas en juicio para considerar que las arrendatarias se prestaran a participar en una eventual defraudación tributaria de la arrendadora».

La magistrada calificaba en su sentencia la operación como «económicamente razonable», ya que advirtió más una maniobra especulativa de posicionamiento por parte de Ortiz que un 'pelotazo' con afán defraudatorio, tal y como expusieron las defensas de los reos en el juicio iniciado en julio de este año. La juez hizo suyos buena parte de los argumentos planteados por los letrados de Galea y Ortiz -Javier Boix y Francisco Ruiz Marco, respectivamente- para armar un fallo por el que consideró que no se había probado «perjuicio a la Hacienda».