Las Provincias

La Audiencia Nacional retrasa al 29 de mayo el juicio por la quiebra de la CAM

  • La vista debía arrancar el 17 de enero pero la admisión de nuevas pruebas propuestas por las partes y compromisos judiciales de los reos han obligado a modificar la fecha

La Audiencia Nacional ha aplazado al próximo 29 de mayo de 2017 el inicio contra los ex directores generales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y Dolores Amorós y a otras seis personas por irregularidades en la gestión de la caja que condujeron a su quiebra. El juicio contra estas ocho personas, previsto en un inicio para el 17 de enero, se alargará finalmente hasta el mes de julio. La primera semana se celebrará en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares y después las sesiones tendrán lugar en el edificio de la calle Génova de Madrid.

Además de López Abad y Amorós, se sentarán en el banquillo el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb, el exdirector de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez García, al exdirector general de Recursos Vicente Soriano, el de Financiación Juan Luis Sabater, el de Información Financiera Salvador Ochoa y el expresidente Modesto Crespo.

Se les acusa de los delitos de estafa de inversores, estafa agravada, societario en su modalidad de falsedad de las cuentas anuales, apropiación indebida agravada, administración desleal y falsedad en documento mercantil. Los ocho acusados se enfrentan a penas de prisión de hasta 17 años de cárcel por el supuesto saqueo de 47 millones de euros.

Además, en este juicio estarán como responsables civiles subsidiarios la Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social de Caja Mediterráneo y el Banco Sabadell y a la aseguradora Caser como responsable civil directo. En dicho auto, los magistrados Ángela Murillo (presidenta del tribunal), Teresa Palacios y Juan Francisco Martel (ponente) han aceptado algunas de las pruebas solicitadas por las partes. Entre estas admisiones, el tribunal cree que se debe tomar declaración, en calidad de testigos o de peritos, a cinco inspectores del Banco de España, tal y como ha solicitado la Fiscalía y por las acusaciones particulares.

La juez de instrucción Carmen Lamela dictó la apertura de juicio oral el pasado mes de abril contra estos ocho acusados, siguiendo el criterio de su antecesor, Javier Gómez Bermúdez, de que los exdirectivos no pusieron «objeción alguna a operaciones que iban a suponer un perjuicio patrimonial y un debilitamiento extremo de la entidad, provocando perjuicio a accionistas, acreedores y clientes».

Explicaba también que «se fijaron sueldos y cobraron bonificaciones con el falseamiento de la auténtica situación patrimonial» del banco de modo que se cerraba el ejercicio con resultado positivo en cuantía tal que permitía el cobro del bonus, cuando el resultado real hubiera impedido que se les abonara.