Las Provincias

La fiscalía pide imputar a De Rosa y Gallart por comisiones en Ribera Salud

Hospital de La Ribera, en Alzira, uno de los gestionados por el modelo de concesión. :: Francisco García
Hospital de La Ribera, en Alzira, uno de los gestionados por el modelo de concesión. :: Francisco García
  • El atestado de la policía considera que los hechos que se investigan pueden ser constitutivos de delitos de malversación y prevaricación

El juzgado de instrucción número 4 de Valencia investiga el presunto cobro de comisiones por parte de los proveedores a la central de compras -B2b- dependiente de Ribera Salud, empresa que tiene la concesión de cinco hospitales en la Comunitat. La investigación arrancó una vez más de un anónimo. Un sobre llegado a la sede del sindicato Simap alertaba de las irregularidades. La organización lo trasladó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef). Los agentes entregaron su informe en mayo en el juzgado, según informaron desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

El instructor acordó solicitar un informe a la Conselleria de Sanidad que, sin embargo, seguía insistiendo ayer en que no tenía ningún dato de estas graves irregularidades. El sindicato también alertó al departamento autonómico de estas pesquisas, según la formación sindical. Los agentes citan a una decena de personas; así como la responsabilidad que tenían en las empresas investigadas». Ninguna de ellas, como puntualizó el TSJCV, tiene la condición de investigado, la nueva denominación de imputado. No obstante, según informó Europa Press, la Fiscalía ha pedido la imputación del consejero delegado de Ribera Salud, Alberto de Rosa, y el director financiero de la firma, Pablo Gallart. Estas comparecencias no se producirán antes de la llegada de ese informe de la conselleria.

Los hechos investigados presuntamente consistirían en que la empresa indicaba a los médicos contratar las prótesis a unas empresas determinadas que previamente habían abonado una comisión a través de la central de compras B2b. En realidad, el coste de las prótesis corre a cargo de la conselleria, no de la concesionaria de la gestión de los hospitales, de ahí que se considere que en ese proceso la concesionaria no tendría que intervenir.

En el atestado, que nace de la mencionada denuncia remitida por el sindicato, la Policía considera que los hechos son constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. Desde que se abrió la causa se ha tomado declaración a varios testigos y hay otras testificales pendientes, según el TSJCV. El pasado día 4 se declaró la complejidad de la causa, que permite ampliar a 18 meses el plazo de instrucción al estar próximos a expirar los seis meses iniciales y estar pendiente de las diligencias señaladas, tanto testificales como el informe de la Conselleria de Sanidad.

El sindicato Simap explicó ayer que llevó a la Policía documentación sobre un presunto cobro de comisiones de Ribera Salud a través de su central de compras B2b tras recibir un sobre anónimo por correo ordinario con documentos que «podían sugerir actividades constituyentes de delito» de la concesionaria. La formación señaló que esa información la recibió en febrero.

Ante ello «de forma inmediata», aportó toda la documentación, incluido el sobre que la contenía, a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, «por responsabilidad» y a partir de ese punto «el Simap no ha realizado ninguna actividad ni gestión en este asunto». El sindicato también comunicó que en septiembre contactó con la Conselleria de Sanidad para trasladarle que la investigación policial había finalizado y que el expediente «se encontraba ya en el juzgado».

Pero desde el departamento que dirige Carmen Montón explicaron que sobre cuestión judicial «nadie se ha puesto en contacto con nosotros» y ahora están «estudiando personarse». Respecto al informe que en mayo el juzgado solicitó a la conselleria, el departamento adelantó ayer que ahora se «va a agilizar la respuesta y, además se va a investigar en la conselleria porque no se ha respondido antes y porque no se había dado traslado a la dirección general correspondiente».

Desde Ribera Salud aseguraron que no habían recibido ninguna notificación, como tampoco de que «esté abierta una investigación». Insistieron en que sólo disponen de la información de los medios de comunicación y descartan realizar ninguna valoración hasta no tener comunicación oficial.

Ya la semana pasada Ribera Salud saltó a la actualidad cuando el diario El Español publicó una información en la que indicaba que Ribera Salud «desvía beneficios millonarios de hospitales públicos a espaldas de la Administración», con la empresa intermedia B2b que, siempre según el citado medio, facturó comisiones a laboratorios que vendían sus productos en hospitales públicos.