Las Provincias

La caja de caudales

  • El Consell quiere vaciar de contenido a la Diputación a fuerza de obligarle a financiar competencias que son autonómicas o a quitarle funciones que asumió hace años, pero llevándose también el dinero

No es la primera vez que se habla en estas páginas del insistente empeño de la Generalitat Valenciana por arrebatar competencias a las diputaciones provinciales, especialmente a la de Alicante. El objetivo del Consell que preside Ximo Puig y vicepreside Mónica Oltra no es otro que vaciar de contenido político una institución que en esta provincia y en la de Castellón está en manos del Partido Popular. Hay que dejar claro que en esta cuestión los gobernantes no deberían pensar en sus partidos, sino en los ciudadanos. Y, en concreto, en las miles de personas que viven en alguno de los 141 municipios que conforman la provincia de Alicante. En muchas de estas localidades hay servicios que no funcionarían si no fuera por la labor que la Diputación realiza, asumiendo y financiando competencias que no le corresponderían.Desde hace años, las diputaciones ejercen estas competencias en localidades y pueblos diminutos o muy alejados de los centros de poder ante la imposibilidad de que administraciones más grandes puedan (o quieran) preocuparse de ellos.

Para el actual Consell las diputaciones son una molestia, sobre todo cuando son gobernadas por el PP. Y el camino que ha encontrado no es otro que obligar a la institución provincial a financiar competencias que claramente son autonómicas: desde las ayudas para la gratuidad de los libros, a la financiación para el mantenimiento de los centros escolares o el polémico fondo de cooperación municipal. Sobre el dinero para Xarxa Llibres, desembolsado a partes iguales por Generalitat, diputaciones y ayuntamientos, ya hemos hablado. En relación al mantenimiento de los centros escolares en los municipios, que es competencia de los consistorios, la Conselleria de Educación no ha encontrado mejor solución que intentar adjudicársela a las diputaciones.

Ahora le toca el turno al fondo de cooperación municipal, un instrumento creado en el año 2010 y que Ximo Puig quiere impulsar para mejorar la financiación de los ayuntamientos. Este fondo contaría con un presupuesto de unos 100 millones de euros que aportarían, de manera solidaria, la Generalitat y las diputaciones, y al que también contriburían la Unión Europea y el IVF.

Este es el penúltimo punto de fricción entre la Generalitat y la Diputación de Alicante. Desde Valencia ignoran que desde hace años la institución provincial, que tendría que aportar más de 13 millones de euros al citado fondo, ya se encarga de financiar y sufragar infinidad de proyectos, obras e iniciativas en todos los municipios de todas las comarcas. Especialmente útil resulta un organismo comoSuma Gestión Tributaria, que no solo facilita la labor recaudatoria de ayuntamientos que carecen de infraestructura, medios y personal para el cobro de impuestos y tasas, sino que incluso facilita liquidez a los consistorios por adelantado.

Puig asegura que con el impulso de este fondo de cooperación lo que se intenta es que el reparto de las ayudas sea más justo y más objetivo, dando por sentado que en la actualidad no lo es y que el nuevo sistema sí lo será. Sin embargo, aún no ha explicado cuáles serán los mecanismos que garanticen que los 13,7 millones de euros (o incluso más) que tendrá que aportar la Diputación de Alicante se repartan entre municipios de la provincia y no acaben financiando proyectos en Los Puertos de Morella o en el Rincón de Ademuz, comarcas cuyos ayuntamientos también merecen, sin ningún género de dudas, el respaldo de la Administración.

ElConsell, en su clara intención de menoscabar las atribuciones de las diputaciones, ha seguido una segunda vía, que además fue la primera que abrió: el ‘decretazo’ que arrebató competencias en materia de turismo y deporte, con el aval momentáneo del TSJCV. Con el objetivo de centralizar y unificar la promoción de los destinos turísticos de la Comunitat y de los eventos deportivos, la Generalitat arrebató de un plumazo la brillante labor que desde el Patronato Costa Blanca se estaba (y se está) realizando.

Puig no ha tenido tanta prisa en crear la prometida Conselleria de Turismo, que además iba a tener su sede en Benidorm, a pesar de que se trata de un sector clave para el crecimiento económico de la provincia y de la Comunitat. Tampoco ha tenido tanta insistencia en descartar de una manera concluyente y clara que la ‘tasa turística’ se pondrá en marcha en el año 2018, a pesar de que es una medida que restará competitividad a los hoteleros de la Costa Blanca: o la repercuten en los clientes o reducen sus beneficios.

La tercera vía para ‘adelgazar’ las diputaciones encontrada por el actual Consell es aceptar competencias propias, como los son las que tienen que ver con Bienestar Social, y que desde hace años asumió la Diputación de Alicante. En concreto, estas funciones suponen un desembolso anual de 70 millones de euros. El director general de Administración Municipal, Toni Such, dejó claro semanas atras que si la institución provincial transfería la gestión de los servicios sociales que ahora mantiene, también debería transferir los recursos económicos. Es decir, el Consell no solo no abonará a la Diputación el coste de sufragar una competencia que no le corresponde, sino que además le retirará los fondos con los que paga dicha competencia de la que no debería ser responsable. Parece evidente que el interés de la Generalitat no es otro que hacerse con la llave de la caja de caudales de la Diputación de Alicante.