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El Consell no impugna el convenio de Coepa y se quedará con el centro de formación

El Consell no impugna el convenio de Coepa y se quedará con el centro de formación

El director del IVF, Manuel Illueca, dice que se vela por el «interés general» al no alargar los plazos judiciales y se traspasará el edificio al Servef o a Educación

Bernat Sirvent

Sábado, 19 de noviembre 2016, 01:09

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El Consell, a través de la Abogacía de la Generalitat y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), ha despejado el camino a la patronal alicantina Coepa para que salga de su atolladero económico. La Confederación que preside Francisco Gómez salva otro importante obstáculo: la Generalitat no va a recurrir el convenio al que se adhirieron hace justo una semana el 90,55% de los acreedores ordinarios y que fue aprobado provisionalmente por el juez a la espera de que transcurran diez días hábiles ante posibles impugnaciones. Esta apelación no se producirá, según confirmó ayer el propio director general Manuel Illueca. Tampoco está previsto el recurso de la sentencia definitiva que dicte el magistrado sobre el plan de viabilidad a ocho años. «No vamos a alargar los plazos judiciales para velar por el interés judicial», aseguró el responsable del banco público de la Generalitat.

  • Proceso.

  • «En aras de no alargar más el proceso y velar por el interés tanto de Administración como alicantinos, no impugnaremos».

  • Recuperación.

  • Illueca dice que «desde el primer impago, el IVF ha estado buscando soluciones».

  • Suelo.

  • La enajenación ante un tercero es inviable. La cesión de suelo se extinguirá en 14 años.

Aún quedan cinco días hábiles para que cualquier acreedor pueda impugnar el convenio de acreedores aprobado por la inmensa mayoría de adeudados, pero si no lo hace la Generalitat es más que previsible que nadie lo haga, explican fuentes de Coepa.

Aunque todavía no está claro cómo será enajenado el centro de oficios de Babel, que está en el fondo de la grave crisis institucional, de imagen y financiera de Coepa durante los últimos cuatro años, la decisión del IVF plantea la aceptación de la dación en pago, fórmula que respalda plenamente el titular del Juzgado de lo Mercantil 1 de Alicante, que ya resolvió en contra de la Abogacía de la Generalitat (la cual pidió la inadmisión del convenio de acreedores de Coepa) en un contundente auto. Consideraba el juez que la entrega del edificio para cancelar la deuda beneficiaría al conjunto de los acreedores, incluido el IVF, y que así se defendía el interés general, lejos de suponer un «convenio liquidatorio» y una «dación en pago encubierta». Ahora, Illueca también apela al interés general, aunque todavía no está clara la fórmula para asumir la propiedad del centro de Babel, tasado en unos 4,1 millones de euros. Illueca habla de los «diversos instrumentos que en Derecho nos corresponden para recuperar en la medida de lo posible las cantidades invertidas en esta operación, lo cual supondrá, con toda probabilidad, la adquisición del centro». Esta alternativa trataría de esquivar cualquier otro movimiento jurídico contra la dación en pago pura y dura, dado que el suelo es de titularidad municipal. Además, esa «adquisición» es menos lesiva para el interés de la Generalitat que la ejecución del préstamo, pues la Ley Hipotecaria vigente reduciría a 2 millones lo recuperado por el IVF y el resto, hasta 3,2 millones de deuda, pasaría a ser considerado en el concurso deuda ordinaria, con lo que estaría sujeta a una quita igualmente del 95%, con lo que el IVF saldría perdiendo de forma notable.

Illueca insiste, como ya explicó este diario a principios de semana, en que en función del interés que pueda suscitar el edificio en el marco de la estrategia formativa el Consell, se decidirá su destino, que será más que previsiblemente el Servef (formación ocupacional para parados) o la Conselleria de Educación (formación profesional reglada). Hace justo una semana, tras la junta de acreedores en el Juzgado, el titular de Coepa, Francisco Gómez, apeló al entendimiento entre el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat para volver a poner en valor el centro de oficios al destacar que la siniestralidad laboral se ha disparado en los primeros meses del año un 40% en la provincia. El titular de Coepa, Francisco Gómez, no pudo ocultar ayer su «satisfacción».

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