Las Provincias

El notario imputado en el fraude del AVE dice que no tenía por qué sospechar de un presunto blanqueo

  • Asegura que no le extrañó que las ocho escrituras presentadas por uno de los principales imputados se hicieran todas el mismo día y, en algunos casos, con una valoración de su patrimonio muy por debajo de los precios del mercado

El notario José Antonio Lozano, hermano del fiscal Anticorrupción del TSJ, aseguró al declarar como investigado en el fraude de las obras del AVE en el tramo comprendido entre Crevillente y Murcia que no encontró indicio alguno de blanqueo de capitales en las ocho escrituras consecutivas que autorizó sobre el patrimonio de uno de los principales imputados, José Manuel Fernández Pujante.

El contenido de su declaración, prestada el pasado 4 de noviembre, ha sido conocido ahora al ser trasladada a las partes por el Juzgado de Instrucción de Murcia que investiga los hechos.

Durante el interrogatorio, que se prolongó por espacio de más de una hora, Lozano respondió a las preguntas que la magistrada Olga Reverte le hizo y en las que esta le preguntó si no le había extrañado que se hicieran todas las escrituras el mismo día, una detrás de otra y, en algunos casos, con una valoración del patrimonio de Fernández Pujante y de su esposa por un valor muy por debajo de los precios del mercado.

Sobre este último extremo, aseguró que los notarios no entran en la valoración de los bienes que se transmiten, ya que sus propietarios ya saben que será la Consejería de Economía y Hacienda la que, al liquidar los impuestos correspondientes, determinará su verdadero importe.

Al analizar el contenido de las ocho escrituras, que calificó de totalmente válidas, el notario comentó que consideraba que habían sido hechas con la idea de asumir el menor coste fiscal, pero siempre dentro de la ley.

Así, en cuanto a aquella en la que se procedía a emancipar a una hija del matrimonio, afirmó que con ello se podían beneficiar de la bonificación concedida por la Comunidad Autónoma, ya que, en caso contrario, al ser menor de edad no habría sido posible.

Respecto a la extrañeza que pueden suscitar otras dos escrituras, por las que las dos hijas recibían unas participaciones sociales valoradas en 360.000 euros y una de ellas, además, un préstamo de 800.000 euros sin intereses y, en ambos casos, a pagar y devolver a los 20 años, este investigado declaró que tampoco suponen indicios de blanqueo de capitales.

El declarante manifestó en varios momentos del interrogatorio que se trataba de un patrimonio que se distribuía entre los integrantes de la familia, con un dinero en efectivo que está registrado en los bancos y con unos bienes inmobiliarios que proceden de muchos años antes del momento en que fue descubierto este presunto fraude.

Así mismo afirmó que no conocía de nada a Fernández Pujante ni a su familia, y que si fue él quien se encargó de autorizar las escrituras fue porque en ese momento de los dos notarios que han en el despacho, el que estaba libre era él.

También precisó que nada hacía sospechar del posible blanqueo de capitales, que negó, ya que los posibles indicios habrían surgido, lo que no fue el caso, si hubieran aparecido con más de 100.000 euros en metálico o si alguno de los otorgantes residieran en paraísos fiscales, lo que citó como ejemplo.

También a preguntas de la magistradas, el declarante indicó que no podía saber cómo Fernández Pujante había acumulado su patrimonio ni a que se dedicaba tanto él como su esposa.

El fiscal Anticorpucion de Alicante, Felipe Briones, que sustituía al de Murcia, Juan Pablo Lozano, que se había abstenido por ser hermano del declarante al conocerse la noticia de su citación como investigado, solo formuló una pregunta.

Briones, tras comentar que para él estaba "perfectamente" contestado todo, se interesó únicamente por la escritura de disolución y liquidación de la sociedad de gananciales del matrimonio, a lo que el notario contestó que estaba "cuadrado todo y que el reparto era igualitario".

Al término de la declaración, y al preguntarle la magistrada si quería añadir algo, este investigado lamentó el daño que le había producido su citación por un posible delito de blanqueo de capitales, mientras que su defensa solicitó el sobreseimiento.

Ante esa petición, la magistrada le indicó que la planteara por escrito, ya que debía dar traslado de la misma a las partes personadas en estas diligencias, en las que se investiga un presunto fraude millonario en las obras del AVE con la emisión, supuestamente, de facturas falsas y de otras infladas.