Las Provincias

Gabriela Bravo, en la presentación de los presupuestos de su departamento.
Gabriela Bravo, en la presentación de los presupuestos de su departamento. / D. TORRES

El TSJCV declara firme la sentencia que obliga a Justicia a facilitar una auditoría

  • El informe fue solicitado por el PP a través de la presidencia de Les Corts en octubre de 2015

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha declarado firme la sentencia en la que se obligaba a la Conselleria de Justicia a entregar un informe de auditoría interna solicitado por el PP a través de la presidencia de Les Corts en octubre de 2015.

En un decreto, facilitado por el PP, la sección quinta de lo contencioso-administrativo del TSJCV declara firme la sentencia dictada después de que ninguna de las partes haya interpuesto un recurso de casación contra la misma en el plazo previsto.

Asimismo, señala que procede requerir al órgano que haya realizado la actividad objeto del recurso para que "en el plazo máximo de dos meses a partir de su comunicación la lleve a puro y debido efecto" y "practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo".

La diputada María José Ferrer solicitó a la Conselleria de Justicia los "informes recibidos de la anterior administración autonómica" y "copia del informe de auditoría interna que, tal y como anunció la consellera, encargó al asumir las competencias".

Los informes recibidos de la anterior administración fueron entregados tras la interposición de un recurso ante el TSJCV, mientras que, respecto de la copia del informe de auditoría interna, la Conselleria de Justicia indicó que "no existe como tal" y que no fue decisión de la consellera, sino iniciativa del Consell en el ámbito de toda la Generalitat.

Respecto a la solicitud de la copia del informe de auditoría interna, el TSJCV consideró que "no negada la existencia de la misma" por parte de la Conselleria, carecía "de trascendencia el hecho de que la realización de la auditoría fuese iniciativa de la consellera o del Consell".

En aplicación de jurisprudencia previa, el TSJCV entendía que "dado que el fundamento de la información solicitada es el control parlamentario del Gobierno", declaraba la existencia de vulneración de un derecho constitucional por la negativa a facilitar los datos solicitados.

En consecuencia, estimaba el recurso contencioso administrativo interpuesto por María José Ferrer, obligaba a la Conselleria de Justicia a facilitar la documentación requerida y le imponía las costas procesales.

Contra esa sentencia cabía interponer recurso de casación, pero al no haberlo hecho ninguna de las partes en el plazo de 30 días, el TSJCV declara firme el fallo dictado.