Las Provincias

El expresidente de Bancaja y de la Generlitat, y el exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas (c), y el empresario Vicente Cotino, sentados en el banquillo acusados de presuntos delitos contra la hacienda pública y falsedad documental.
El expresidente de Bancaja y de la Generlitat, y el exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas (c), y el empresario Vicente Cotino, sentados en el banquillo acusados de presuntos delitos contra la hacienda pública y falsedad documental. / MANUEL BRUQUE / EF

Las acusaciones mantienen la petición de 3 años de prisión a Olivas y Cotino

  • La Fiscalía y la Abogacía del Estado mantienen su petición por presuntos delitos contra la hacienda pública y falsedad documental por un asesoramiento que no se hizo

La Fiscalía y la Abogacía del Estado mantienen la petición de tres años de prisión para el exvicepresidente de Bankia y expresident de la Generalitat valenciana, José Luis Olivas, y el empresario Vicente Cotino por presuntos delitos contra la hacienda pública y falsedad documental.

Así lo han ratificado las acusaciones en la lectura hoy de las conclusiones de las partes en el juicio que se ha celebrado en el Juzgado de lo Penal número 6 de valencia y que ha quedado visto para sentencia.

En la vista, que se inició el pasado 18 de octubre, se han enjuiciado unos hechos cometidos en 2008, cuando una empresa de Olivas, Imarol SR, cobró 580.000 euros por asesoramiento a una mercantil del empresario Vicente Cotino, sobrino del ex director general de la Policía, exconseller del PP y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino.

Cotino era en 2008 dueño y administrador único del Grupo Fiscal Asedes Capital SL, al que pertenece la empresa Sedesa Inversiones SL, cuyo objeto social era el sector de la construcción y el energético.

La Fiscalía ha mantenido que Cotino y Olivas actuaron de acuerdo "con ánimo de defraudar a la Hacienda Pública", para lo cual decidieron consignar en el impuesto de sociedades de 2008 del grupo Asedes como gasto deducible una transferencia de 580.000 euros que hizo Sedesa Inversiones a Imarol SL, "cuya causa y finalidad se desconoce".

La fiscal considera a Cotino el autor principal del supuesto fraude y a Olivas cooperador necesario, y les reclama el pago de 202.700 euros, mientras la Abogacía del Estado mantiene también la acusación contra la esposa de Olivas, Mercedes Álvarez, por los mismos delitos y para quien pide dos años y medio de prisión.

Las defensas de los tres acusados, por su parte, han pedido la libre absolución de sus defendidos al considerar que no hay pruebas de los hechos delictivos que se les atribuyen, y han señalado que el informe de la Agencia Tributaria se basa en "presunciones" que no se sostienen.

La fiscal ha señalado en sus conclusiones que el empresario Vicente Cotino, como administrador único de Asedes Capital SL, es el principal autor de los hechos y ha reprochado que desoyera hasta en seis ocasiones a la inspección de Hacienda, que le reclamó información sobre la factura a Imarol y los servicios prestados y finalmente respondiera que fue un "acuerdo verbal".

Para el ministerio público, además, ha quedado demostrado durante el juicio que "no hay documentación ni prueba" de que los trabajos de asesoramiento por la empresa de Olivas se realizaran, y considera que el informe de Hacienda que dice que la cantidad de los 580.000 euros no era deducible "tiene total validez".

Por su parte, para el abogado del Estado los hechos delictivos han quedado "acreditados" por cuestiones como la inexistencia de un contrato sobre la contraprestación ni documento alguno que acredite que el servicio de asesoramiento se realizó, por lo que ha insinuado: "Cotino pagó algo que no sabemos a Olivas".

El también expresidente de Bancaja ha tomado la palabra al finalizar el juicio y ha defendido su inocencia, asegurando que las acusaciones se sostienen solo en "insinuaciones" y se trata de "una estrategia desde el principio" con la "clarísima intención" de traerle a él y a Cotino al banquillo.

Olivas ha manifestado asimismo sentirse muy "molesto" por las insinuaciones durante el juicio de que la factura con la empresa de Cotino "escondiera algo ilícito", como alguna retribución por la adjudicación del parque eólico que se hizo en 2003 en la que él, ha dicho, no tuvo "nada que ver", y que ha tildado de ""maliciosas" y "sin ninguna prueba".