Las Provincias

Los promotores no podrán recalificar suelo tras un nuevo cambio en la ley urbanística

Uno de los solares pendientes de desarrollo en el PAI de Moreras en Valencia. :: jesús signes
Uno de los solares pendientes de desarrollo en el PAI de Moreras en Valencia. :: jesús signes
  • La modificación que prepara el Consell también permitirá reducir los PAIs parados que aún pueden ejecutarse y les dará diez años

Coto a la polémica figura del agente urbanizador, un promotor privado que, en el caso de la Comunitat, tiene capacidad para diseñar planes urbanísticos y plantear recalificaciones de suelo sin contar con los propietarios del mismo o con el Ayuntamiento afectado, que en muchas ocasiones se encontraba con el llamado Plan de Actuación Integrada (PAI) ya listo en la notaría.

Es el objetivo que se ha marcado la Conselleria de Obras Públicas, Vivienda y Vertebración del Territorio y que se traducirá en una modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), que es la norma vigente desde 2014 en la Comunitat tras dejar atrás la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), que fue la que introdujo esta figura y la potestad para transformar el territorio (lo que generó incluso denuncias ante la Unión Europea), y la Ley Urbanística Valenciana (LUV).

Así, la próxima modificación urbanística -la tercera en dos décadas- impedirá que los agentes urbanizadores puedan realizar reclasificaciones de suelo no urbanizable (aquel que cuenta con alguna protección específica o está reservado para el desarrollo de infraestructuras) a suelo urbanizable. «La iniciativa y la promoción privada podían decidir el modelo de ciudad y eso no se podía seguir permitiendo», aseguró ayer la consellera María José Salvador, que explicó que se pretende revertir «ese poder» a la administración local, «que es la que vela por el interés general».

«No puede ser que el diseño de una ciudad esté motivado por los intereses particulares de los propietarios de suelo o de la ocurrencia del último que llegaba a un pueblo a promover alguna actuación. Ahora será la administración quien decida», criticó la consellera tras presidir la reunión de Espai Territori, un grupo de expertos en urbanismo constituido el pasado febrero que ha realizado una serie de propuestas a la conselleria para la reforma de la LOTUP.

La potestad de recalificar terrenos, que se introdujo con el argumento de que permitiría aumentar la oferta de suelo disponible, con el consiguiente abaratamiento de la vivienda, seguía vigente en la actual ley pues se introdujo la elección del promotor por parte de la administración cuando ésta optase por la gestión indirecta. Una normativa en la que el agente urbanizador también salió reforzado pues su figura se ampliaba a la construcción (solares que lleven un tiempo sin uso) y rehabilitación de edificios de terceros ubicados en cascos urbanos.

Los PAIs fantasma

A la supresión de esa herramienta se suma otra modificación en la LOTUP que, en este caso, afecta a los llamados PAIs fantasma, paralizados mayoritariamente desde 2008 y que María José Salvador no pudo cuantificar. «Es difícil conocer los millones de metros cuadrados que están afectados», reconoció.

Por este motivo, Espai Territori ha trasladado a la conselleria dos propuestas que van a incorporarse a la tramitación interna para modificar la LOTUP, que arranca esta misma semana. Por un lado, los planes paralizados o en suspensión que tienen «una posibilidad de desarrollo en un futuro» podrán reducir su dimensión mediante la división de las unidades de ejecución y, además, se les concederá un plazo de diez años para su desarrollo.

Por otro, para aquellos PAI que tienen «un carácter más antieconómico, mayor dificultad de desarrollo y no encajan en el modelo de territorio actual» se ha planteado la reparcelación inversa para reducir las cargas urbanas y fiscales a los propietarios. Es decir, se revertirá a la situación inicial, por lo que un propietario podrá recuperar el terreno agrícola que vendió y deshacerse del solar vacío que actualmente tiene en propiedad.

Fuentes de conselleria explicaron que serán los propios ayuntamientos quienes decidan qué fórmula escogen para dar solución a las actuaciones urbanísticas paralizadas en sus municipios, dado que la función de la Generalitat es crear el marco jurídico.

Con estas tres actuaciones, Salvador señaló que se quiere acabar con un «modelo basado en la especulación», que se tradujo en la burbuja inmobiliaria y, posteriormente, en los PAIs fantasma y en deficiencias en la tramitación de los planes urbanísticos que han acabado en reclamaciones patrimoniales por parte de promotores y particulares afectados que ascienden a 316 millones, según denunció el pasado octubre. «Este Consell quiere dar soluciones pero también dar más seguridad jurídica y levantar la hipoteca reputacional del urbanismo valenciano», afirmó la consellera.