Las Provincias

Ortiz y Galea, exculpados del fraude millonario a Hacienda

Ortiz y Galea, ambos en el centro, el día en el que se celebró el juicio.
Ortiz y Galea, ambos en el centro, el día en el que se celebró el juicio. / Álex Domínguez
  • La Fiscalía y la Abogacía del Estado acusaban a los responsables de Cívica y Hansa de pactar contratos de alquiler simulados para ganar 6 millones con el Impuesto de Sociedades

Los dueños del ladrillo de la capital alicantina han salido indemnes de la amenaza del 'caso Hansa'. El juzgado de lo Penal 1 de Alicante ha exculpado a los responsables de Hansa Urbana, entre los que se encuentra su presidente, Rafael Galea, así como a Enrique Ortiz y a varios de sus más estrechos colaboradores del fraude de seis millones de euros a Hacienda del que estaban acusados. La magistrada absuelve a los cinco procesados por supuestamente haberse concertado para simular contratos de arrendamiento con siete fincas rústicas del PAU-4, en Playa de San Juan, a fin de que la promotora, participada por la extinta CAM, pudiese sacar un jugoso beneficio de seis millones de euros acogiéndose a la deducción por reinversión de beneficios en el Impuesto de Sociedades.

La Agencia Estatal Tributaria advirtió en el movimiento formalizado en el año 2005 por dos de los principales grupos urbanísticos de Alicante un intento por defraudar a Hacienda. Según sostenían los inspectores del fisco, lo que Hansa enmascaraba alquilando los terrenos durante cinco años a las firmas de Ortiz y del exonerado por incapacidad Aurelio González Villarejo era una venta posterior. Síntoma de ello habría sido el pago íntegro por todo el arrendamiento. Esto permitiría a la promotora de Galea clasificar los terrenos como existencias en lugar de inmovilizado, «el núcleo de la controversia» en palabras de la juez, permitiendo el beneficio fiscal.

Todo lo contrario, ya que la magistrada sostiene que el negocio llevado a cabo «es perfectamente lícito, legal e indiscutible que» ante la posibilidad de que las firmas de Ortiz vislumbraran en fechas de la rúbrica de los alquileres una posible compra «el tener derecho a disfrutar de los bienes arrendados». Califica la maniobra como «económicamente razonable», ya que advierte más una maniobra especulativa de posicionamiento por parte de Ortiz que un 'pelotazo' con afán defraudatorio sin que conste probado «perjuicio a la Hacienda».

La Abogacía del Estado y la Fiscalía pedían penas de cuatro años y medio de cárcel para los acusados además de multas económicas de diez millones de euros para cada uno por los delitos de fraude fiscal y falsedad documental. Sin embargo, el hecho de que Enrique Ortiz hubiera depositado 8,8 millones de euros antes de la celebración del juicio, celebrado en julio pasado, llevó al Ministerio Público a rebajar sus pretensiones hasta los dieciséis meses de prisión. Mantenían las acusaciones que el pago de 3 millones de euros por adelantado de los cinco años de arrendamiento supuso una especie de «pago a cuenta» para lo que en realidad sucedía: la compraventa del suelo.

Pese a ello, la magistrada sostiene que ninguno de los cinco acusados, entre los que, además de Galea y Ortiz, están Vicente Pérez, Miguel Ballestar y Miguel Carratalá, se compincharon para urdir una trama para sacar un beneficio del fisco con la adquisición de los terrenos de suelo rústico del PAU 4, en el entorno de la Condomina. Es más, la juez María Teresa Belmonte considera que tampoco planearon «modificar la contabilización de los terrenos». Tampoco consta, prosigue la juzgadora, que el dinero entregado por el alquiler de los terrenos enmascarase una venta fraudulenta.

«No existe prueba alguna practicada en el proceso», detalla la magistrada en el fallo, «de la que poder deducir concertación previa entre las partes arrendatarias» a fin de llevar a cabo la simulación. Igualmente, «no existe fundamento, ni en el informe de delito de la AEAT ni en las pruebas practicadas en juicio para considerar que las arrendatarias se prestaran a participar en una eventual defraudación tributaria de la arrendadora», concluye.

Es decir, que la jugada de Cívica, cuyos imputados estuvieron defendidos por Francisco Ruiz Marco y Alejandro Bas, posicionándose en los terrenos de Hansa Urbana resultó una estrategia especulativa con vistas a que el suelo se transformase en urbanizable. Así lo declaró el propio Ortiz en la primera sesión del juicio celebrado desde el 4 de julio de este año, quien aseguró que quería asegurarse su posición en el sector y evitar un alza de precios. «Queríamos comprar todo el suelo de la Condomina», dijo entonces, para instalar la ciudad deportiva del Hércules.

En cambio, la promotora de Galea, representado por el letrado Javier Boix, pretendía construir un resort similar a un remanso de paz para bolsillos que se lo pudieran permitir, pero ante los escollos municipales por modificar la calificación del suelo optó por arrendar las fincas. La magistrada resuelve en el fallo que las arrendatarias desconocían la contabilidad de Hansa Urbana, ni tampoco que pretendiera acogerse a un hipotético beneficio fiscal como finalmente hizo. Además, concluye que, «en contra de los manifestado por las acusaciones», sí se ha acreditado que, en cualquier caso, los contratos poco afectaron a la clasificación de las fincas como existencias o inmovilizado, quid de la cuestión. Incluso afirma Belmonte que «la complejidad» sobre la cuestión contable excluye que existiera un intento por defraudar y, en este caso, ni tan siquiera cabe «la propia sanción tributaria».

La Fiscalía estudiará la resolución con detenimiento para decidir si la recurre en apelación a la Audiencia Provincial, según detallaron fuentes del Ministerio Público a este diario. Por su parte, el abogado de Ortiz, Ruiz Marco, aseguró que la sentencia «refuerza la confianza de los ciudadanos» en el sistema judicial.