Las Provincias

La Comunitat aglutina la mayor cifra de localidades con servicios sociales precarios

La Comunitat Valenciana es la autonomía española con mayor número de municipios encuadrados entre las localidades de más de 20.000 habitantes más pobres, un total de doce, y con la mayor cifra de poblaciones con servicios sociales «precarios», más de 30.

Entre los doce municipios más pobres se encuentran los ayuntamientos de Sant Vicent del Raspeig, Torrevieja, El Campello o L'Alfas del Pi, todos en la provincia de Alicante.

Estos son algunos de los datos del informe presentado ayer en Madrid por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales acerca del gasto social de los 350 municipios españoles con más de 20.000 habitantes, y de todos ellos, solo 12 cumplen los criterios reseñados en el informe para ser considerados «excelentes» en inversión social. Según este informe, Comunitat Valenciana y Madrid son las autonomías con más número de poblaciones encuadrados entre las localidades de más de 20.000 habitantes más pobres, doce en la primera y diez en la segunda.

De entre los 10 municipios madrileños destacan Pozuelo de Alarcón, Aranjuez, Leganés, Collado Villalba o Torrejón de Ardoz.

En el informe se enumeran otros 79 municipios con servicios sociales «precarios», y nuevamente son Comunitat Valenciana y Madrid las autonomías con mayor presencia: más de 30 la primera y más de 20 la segunda. Madrid, Las Palmas de Gran Canaria y Zaragoza son las únicas capitales de provincia con la categoría de «excelencia» en inversión social, en tanto que Mérida y Pontevedra forman parte del elenco de 37 municipios españoles considerados «pobres» en este ámbito. Mientras los tres primeros invierten en materia social 100 euros o más por habitante y año, estos dos últimos otorgan menos de 50.

Los criterios para establecer tales categorías son: un gasto en servicios sociales de 100 euros o más por habitante y año, la conservación o aumento en 2016 de la cuantía del presupuesto social, que se supere en esta materia el 10 por ciento del presupuesto total y que el acceso a los datos a través de las web de los ayuntamientos sea transparente.