Las Provincias

Profesores asociados de la Universitat denuncian en Bruselas su situación laboral

  • Alegan que son utilizados por la institución como un «recurso de emergencia para atender la oferta docente a precio de saldo»

La plataforma de profesores asociados de la Universitat de València ha presentado una denuncia en el Portal de Peticiones del Parlamento Europeo con el objetivo de poner de relieve su situación. La entidad engloba a profesionales con contratos temporales que acceden a sus puestos mediante concursos de méritos y a los que se les exige acreditar una experiencia profesional en su sector. Denuncian que pese a su nivel formativo, carecen de cualquier estabilidad laboral y encadenan durante años diferentes contratos precarios, tanto a nivel salarial como de condiciones de trabajo. Por ejemplo, alegan que son utilizados por la institución como un «recurso de emergencia para atender la oferta docente a precio de saldo» y defienden que la institución está cometiendo «fraude de ley» al emplear esta figura para cubrir bajas definitivas o temporales de otros profesionales de la plantilla.

Según explica la plataforma, un tercio de los profesores de la Universitat son asociados y atienden hasta 18 créditos a un coste mensual bruto de 508 euros, mientras que los titulares de universidad con una carga lectiva equivalente cobran 1.200.

La plataforma también critica que esta situación se esté permitiendo por parte de un Rectorado «supuestamente progresista» y que sea «consentida» por un gobierno de izquierdas. Además, recuerda que los partidos que sostienen al Gobierno del Botánico suscribieron el manifiesto elaborado en 2015 en el que se ponía el acento en las cuestiones ya citadas. «El avance del programa neoliberal, el colapso en la renovación de las plantillas y el desequilibrio presupuestario en las administraciones públicas han transformado una figura complementaria en un recurso de emergencia para atender la oferta docente», decía el escrito.

Entre las reivindicaciones planteadas, solicitaban una «remuneración digna y adecuada al nivel de cualificación realizado», la creación de una nueva figura contractual y el reconocimiento de la experiencia laboral, docente e investigadora «sin discriminaciones» en la carrera profesional.