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El exgerente de Imelsa Marcos Benavent, a la izquierda,  a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia el pasado mes para declarar ante el juez del caso Imelsa sobre el supuesto amaño de contratos desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Valencia que dirigía la concejala del PP María José Alcón.
El exgerente de Imelsa Marcos Benavent, a la izquierda, a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia el pasado mes para declarar ante el juez del caso Imelsa sobre el supuesto amaño de contratos desde el área de Cultura del Ayuntamiento de Valencia que dirigía la concejala del PP María José Alcón. / G.G. | EFE.

Les Corts pide que comparezcan Rus y Benavent en la comisión de residencias

  • Existen sospechas sobre la forma de adjudicación de la residencia de Xàtiva, donde supuestamente existió una «mordida» que luego se intentó en otros Ayuntamientos, según el diputado David de Miguel

El PSPV-PSOE, Compromís, Ciudadanos y Podemos han pedido que comparezcan en la comisión de Les Corts que investiga la adjudicación de plazas de residencias al grupo Savia el exalcalde de Xàtiva Alfonso Rus, el exgerente de Imelsa Marcos Benavent y el miembro del Consell Jurídic Enrique Fliquete.

Los cuatro grupos parlamentarios han presentado en rueda de prensa la ampliación del plan de trabajo conjunto de la comisión, donde pedirán que comparezcan además familiares afectados por la "mala gestión" de esas plazas, así como miembros de la inspección de servicios en ese periodo.

La petición de que comparezcan Rus y Benavent se justifica en que las conversaciones difundidas en el caso Taula arrojan sospechas sobre la forma de adjudicación de la residencia de Xàtiva, donde supuestamente existió una "mordida" que luego se intentó en otros Ayuntamientos, según el diputado de Ciudadanos David de Miguel.

El diputado de C's ha explicado que tanto la adjudicación de la residencia, a la empresa Cleop, y la concesión de suelo, que era del Ayuntamiento de Xàtiva, "no fue todo lo claro que debería haber sido", por lo que Rus debería dar explicaciones al respecto.

Asimismo, estos grupos piden que comparezca el miembro del Consell Jurídic Consultiu (CJC) Enrique Fliquete, ya que por "incompatibilidad" debería haberse abstenido de ser ponente de algunas resoluciones del CJC, pues actuó como asesor de las empresas de accesibilidad, ha explicado el diputado de Podemos César Jiménez.

Jimenez ha asegurado que hace semanas presentaron un documento al PP sobre la ampliación de comparecientes, pero se han "cansado de esperar una respuesta en un sentido o en otro" y por ello lo han formalizado los otros cuatro grupos parlamentarios.

La diputada de Compromís Mónica Álvaro ha dado a conocer un informe de octubre 2001 sobre la cláusula que introdujo el exconseller Rafael Blasco en septiembre de 2001 para la exclusividad del sistema de accesibilidad social, que debería haber sido previo al documento de Blasco en el que hizo esa interpretación, pero lo elaboraron los técnicos un mes después.

La socialista Concha Andrés ha precisado que ese informe, por el cual las residencias que en un principio tenían un tercio de las plazas concertadas pasaron a pedir que se les cubriera el cien por cien de las plazas, lo pidió una UTE participada por el empresario Enrique Ortiz.

Ha precisado que el informe en respuesta a la empresa de Ortiz lo hicieron tres técnicos de la Conselleria, "que no tienen capacidad para interpretar ningún contrato", y ha recordado que Blasco "abocó" para él las competencias de contratación, que hasta entonces estaban en el secretario general de la Conselleria.

La diputada socialista ha agregado que, del trabajo desarrollado hasta ahora en la comisión de investigación, se ha demostrado que la empresa de la familia de Cotino, Gerocentros del Mediterráneo, que se creó en enero de 2000 y luego cambió de nombre varias veces, resultó adjudicataria del 40 % de las plazas del concurso.

Andrés ha desvelado además que tienen "un grave problema" para conseguir el expediente de la orden de diciembre de 2007 por la que Cotino reconoció ya legalmente la "obligatoriedad" de que la Conselleria concertara más allá del tercio primero de las plazas del concurso, ya que "no aparece", ni siquiera en el CJC, que emitió un informe en su momento.

La parlamentaria socialista ha explicado que una sentencia de 2007 del Tribunal Superior de Justicia ya puso "serias dudas" a la validez de la cláusula de exclusividad, pero el conseller Cotino "no hizo absolutamente nada" para ver si la cláusula que firmó Blasco era o no legal.