Las Provincias

Los olvidados de la Justicia

Pilar, en el destartalado piso en rehabilitación del Cabanyal en el que vive.
Pilar, en el destartalado piso en rehabilitación del Cabanyal en el que vive. / IRENE MARSILLA
  • Pilar espera desde 2005 una sentencia firme por estafa. Sin casa y sin salud. El colapso en los juzgados ha duplicado la duración de los procesos en un año

  • «Me siento estafada, humillada e impotente. La lentitud de la Justicia te mata en vida»

En la mesilla de noche del dormitorio de Pilar Martínez asoma una tableta de Valium. En la mesita del comedor, una lista de los tranquilizantes que tiene que tomarse por horas. En el alféizar de las ventanas y las esquinas del balcón, bolitas de veneno contra ratas. «Por ese agujero de la terraza se me cuelan en el piso». Pilar se frota las manos. Se mesa el pelo. Suspira. «No sólo me siento estafada. Me siento humillada, impotente. Vacía por dentro. La víctima está indefensa ante tantos obstáculos que hay. La lentitud de la justicia mata a una persona en vida». Hace 11 años que Pilar Martínez espera una sentencia firme por la estafa que sufrió a manos del financiero José Gamero y otros dos cómplices con la compra de un piso. Así lo considera probado la resolución de la Audiencia que impuso cuatro años de cárcel al procesado hace unos meses. Pero su recurso al Supremo retrasa la última palabra del alto tribunal, la firmeza del fallo y el pago de 120.000 euros a Pilar por el daño moral sufrido y la perdida de su piso, según fijó la Audiencia. Porque la mujer de 60 años se quedó sin casa en 2010. Fue desahuciada y recibió la invalidez total permanente por una depresión crónica que le agravó la estafa. Luego acabó también fuera de un piso de Aumsa, dependiente del Ayuntamiento de Valencia, porque no pagaba la cuota mensual. «Cobro 395 euros de pensión. No me llega... Si no fuera porque mi hijo trabaja o porque mis hijas me traen leche y otras cosas, hubiera pasado hambre». Hoy malvive en un piso del Cabanyal cubierto por una lona de rehabilitación e infestado por ratas. «Ellos tienen varias condenas y están tan tranquilos. Yo que he estado toda mi vida trabajando, limpiando casas, así me veo ahora», es el lamento de Pilar Martínez.

Su caso es sólo uno de los 270.000 pendientes de resolución en los tribunales de la Comunitat, según la estadística del primer semestre del año del Consejo General del Poder Judicial. El colapso se manifiesta en un dato: las duraciones medias estimadas de los procesos en la región han pasado de algo más de tres meses a cerca de seis, y ello sólo en el último año. El tiempo de espera para los ciudadanos se ha duplicado. Y si el pleito es un contencioso con la administración, este puede llegar a los dos años de espera, cuando en el resto de España se resuelve en 12 meses.

El atasco de los tribunales valencianos, por el que los jueces pidieron el viernes «soluciones urgentes» a la Conselleria de Justicia y la semana anterior los decanos al Ministerio, afecta ya a órdenes especialmente sensibles. Las cifras del CGPJ demuestran cómo los juzgados de violencia doméstica acumulaban a mitad de año 3.600 asuntos pendientes de resolver. En 2013 eran 3.300. O los juzgados de familia, encargados de dirimir cuestiones tan delicadas como divorcios, adopciones o pensiones alimenticias de hijos, se acercan peligrosamente a los 500 asuntos por juzgado, el listón que marca el Poder Judicial como carga máxima de trabajo asumible.

«Ni cárcel ni nada. A mi estafador me lo encontré yo en la puerta de un sitio de lujo, un restaurante de pasta. Esperanza ya no tengo ninguna...». Raúl Martínez recuerda los años en los que los yates de la Copa América reinaban en las aguas de la bocana del puerto de Valencia y el dinero surcaba con abundancia las cuentas corrientes de las empresas a caballo de la burbuja inmobiliaria. Bajo el nombre de Hermes Club, el empresario Delfín M. A. presentó una oportunidad única con «un selecto club de empresarios» e inversiones en el extranjero. «Yo conocía a Iván, su hijo, desde 'parvulitos', y me lancé a probar». Entre comidas en hoteles de lujo, catamaranes para seguir al Alinghi y un contrato firmado «que aseguraba la imposibilidad de perder lo invertido», Raúl acabó invirtiendo 170.000 euros.

Corría el año 2010. Y el proyectó no tardó en naufragar. «Primero Delfín dijo un día que se había separado de su mujer y que todo estaba a su nombre. Vi que la cosa pintaba mal y le pedí que me devolviera el dinero. Pero a las dos semanas ya soltó que lo había perdido todo. Denuncié en el juzgado, declaré... y hasta hoy, nada de nada». El juzgado de instrucción número 20 de Valencia abrió diligencias en 2011 con una veintena de afectados y Delfín M. como imputado por una presunta estafa piramidal con cientos de miles de euros. Uno de los timados entregó casi medio millón con la promesa de recibir el 8,5% de intereses en tres meses. La solicitud de los abogados por declarar secretas las actuaciones, como el letrado de Raúl, Juan Carlos Navarro, fue rechazada por el juez. Y el caso sigue durmiendo hoy el sueño de los justos.

Ni Conselleria ni Ministerio

«Una justicia tardía no es justicia», lamentó el viernes la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Pilar de la Oliva, durante la toma de posesión del nuevo presidente de la sala de lo Contencioso, Manuel José Baeza. Emprender hoy un pleito contra alguna decisión de la administración es un buen ejemplo de la necesidad de armarse de paciencia en la Comunitat (y de dinero, pues este es uno de los órdenes más caros). Los propios jueces reclaman a la Conselleria de Justicia y al Ministerio «soluciones urgentes» por la acumulación de 12.700 contenciosos que llegan a dilatarse hasta dos años.

Cuatro años hace ya que se apagaron las llamas de uno de los incendios forestales más pavorosos de la historia reciente de la Comunitat y que arrasó 30.000 hectáreas en Cortes de Pallás y otros 11 municipios. Dos operarios están en el ojo del huracán, investigados desde que supuestamente abrieran las puertas del infierno al iniciar las llamas cuando utilizaban un soplete para instalar unas placas solares. «No se ha puesto ningún funcionario de refuerzo pese a las múltiples solicitudes al respecto», denunció públicamente en junio la juez Elena Berlinga con respecto a la investigación del juzgado de instrucción número tres de Requena. Y cuatro años después, Guillermo Ávila es uno de los 1.000 ejemplos de perjudicados contemplados por la Fiscalía y que aún no han visto ni un euro de los miles arrasados por el fuego.

Guillermo vio como todo el sistema de abastecimiento de agua de su casa de campo quedaba reducido a un amasijo de hierro. «Con todo lo que ardió, sólo nos concedieron una ayuda irrisoria de 400 euros», lamenta el hombre. Perdió un depósito de gas valorado en 8.000 euros, farolas, miles de olivos... Él cifra en 100.000 euros los daños sufridos. «Tuvimos que empezar absolutamente de cero», es el lamento de Violeta Casares, su mujer. La ayuda no les sirvió «ni para cubrir el gasto de reposición de la goma del agua, ridículo», lamenta el vecino.

Idéntica impotencia ante la lentitud de la justicia sienten en municipios cercanos y tocados por la voraz lengua de llamas. «En cuatro años aún no hemos podido reparar lo que se quemó», lamenta Adela Martínez, encargada del hotel rural Masía Olivar en Dos Aguas.

El atasco judicial hace que la Comunitat sea la primera de las grandes regiones en tasa de congestión. El colapso sólo es mayor en autonomías con menos peso específico como Castilla-La Mancha y Murcia. Y eso pese a que los jueces valencianos son los que más casos resuelven en proporción a los asuntos que ingresan.

Raúl Martínez tuvo que cerrar su empresa de espectáculos y dejar en la calle a unos 40 trabajadores. El batacazo le hizo abandonar el camino del emprendimiento. Ahora trabaja por cuenta ajena como técnico en una empresa de maquinaria de Castellón. Desde que declaró hace cinco años, ni una noticia más del juzgado. «Cuando me ha llamado el abogado por la entrevista, pensé que ya cobraba. No sé si lo veré algún día...», lamenta el vecino de Sedaví de 40 años. Desde su destartalado piso en el Cabanyal, Pilar aguarda a que el Supremo abra la puerta a recuperar su dinero. Hasta su abogada, Ana María Gómez, ha renunciado a sus honorarios para llevarle el caso. Pilar pone cara de agradecimiento mientras en la tele recapitulan las novedades de la lista Forbes y el puesto que ocupa Amancio Ortega. Ella piensa como estirar sus 395 euros de pensión para llevarse cada día algo a la boca, pagar la luz, el agua. Y ansía que la justicia deje de darle la espalda dentro de pocos días.