«Hay miles de millones de euros bloqueados en los juzgados»

«Por incuria de nuestros gobernantes, de todo color y pelaje, falta de voluntad y de presupuesto». El decano del Colegio de Abogados de Valencia, Rafael Bonmatí, pone nombre y apellidos a los responsables del atasco de asuntos que padecen los juzgados valencianos. Y subraya las tremendas consecuencias: «Tiene un elevado coste para la sociedad, porque es una vergüenza los miles de millones que están bloqueados en los juzgados y que deberían estar en el mercado en manos de los ciudadanos o empresas».

Bonmatí califica de inaceptable el plazo de respuesta que dan los tribunales de la Comunitat, pero no habla de tiempos medios, «pues no cuesta lo mismo de resolver un despido, un asesinato, un desahucio, una multa, un caso de corrupción o un robo de gallinas». El representante de los abogados sí califica de «desbordados» los juzgados de lo social y los mercantiles en Valencia capital, «y los demás van camino de ello pese al esfuerzo que hacen quienes están en el asunto. En el resto de la provincia los juzgados de instancia mixtos están colapsados, con una carga inasumible con los medios de que disponen», explica Bonmatí.

Los abogados padecen día a día las 'zancadillas' de un sistema falto de medios y con jueces sobrecargados. Aunque la factura la paga al final el ciudadano: «El estado de derecho se legitima a través de una justicia eficaz, ágil y accesible por igual a todos, pero si la justicia es lenta -y esto la hace cara- aparecen las posiciones de presión o de ventajismo, según el lado en el que te encuentres, lo que debilita y deslegitima el sistema». Y el decano de los letrados valencianos pone una conclusión como puntilla: «Cuando la Justicia llega tarde, sale socialmente cara y no es éticamente justa».

La principal solución para Bonmatí radica en modernizar la estructura. «La Administración de Justicia necesita alcanzar el nivel de tecnología que tienen Hacienda o la Seguridad Social», subraya el portavoz de los letrados. No se olvida de una de las soluciones más puestas sobre la mesa por los especialistas del espectro jurídico, fomentar «la mediación y el arbitraje», la mejor forma de reducir la litigiosidad solucionando los conflictos antes de que lleguen al estrado. Bonmatí también apunta la «especialización y movilidad del personal funcionario» o reformas legislativas para hacer más ágiles los procesos. «Después, solo al final, es cuando podremos hacer la reflexión sobre si tenemos una plantilla de jueces, fiscales y funcionarios adecuada y qué aportación económica requiere el sistema, pero primero diseñémoslo y hagámoslo funcionar», concluye.