Las Provincias

La Diputación reactiva la Zona Franca al haber nuevo Gobierno

fotogalería

Reunión de la Mesa Técnica sobre la Zona Franca del puerto de Alicante, celebrada ayer en el Palacio Provincial. / J. P. Reina

  • La institución provincial lidera el proyecto en unión con empresarios y los ayuntamientos de Alicante y Elche para que se realice esta legislatura

La investidura el pasado sábado de Mariano Rajoy y el nombramiento el jueves por la tarde del nuevo Gobierno ha reactivado el proyecto de Zona Franca presentado hace cerca de un año por la Diputación Provincial con la intención de que el puerto de Alicante disponga de un espacio libre de aranceles antes de que concluya la presente legislatura.

Ni un día de tregua. El presidente del gobierno provincial, César Sánchez, convocó ayer a representantes políticos de Alicante (estuvo la máxima autoridad, Gabriel Echávarri), Elche y la Generalitat Valenciana (la secretaria autonómica de Economía Sostenible, Blanca Marín), además de responsables del entramado económico, empresarial, social y portuario para comenzar los trabajos. El primer paso será, ante el ministro de Hacienda, que continúa siendo Cristóbal Montoro, solicitar formalmente al nuevo Gobierno de España el inicio del expediente para tramitar el proyecto.

A partir de ahí, un consorcio formado por instituciones y colectivos empresariales tendrá que cumplimentar todo el trámite administrativo para que el Gobierno otorgue este espacio económico. Sánchez no quiso dar un plazo determinado, consciente de las dificultades del proyecto, aunque sí una pista: Sevilla lo consiguió en tres años. Ese es el objetivo que se marca la provincia y tenerlo antes de que concluya la presente legislatura, iniciada hace dos meses.

La provincia cuenta con ventajas para abordar este proyecto, según entiende Sánchez, ya que se propone aprovechar las sinergias entre el puerto; el futuro Corredor Mediterráneo; la proyección de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO); la Institución Ferial (IFA), el aeropuerto -«el cuarto de España con más de 12 millones de pasajeros»- y el parque industrial de Torrellano para constituir «un triángulo de oportunidades económicas».

La Diputación ha reservado un espacio de 130.000 metros cuadrados entre el Parque Empresarial de Elche y el puerto de Alicante que, según indicó el presidente, «puede seguir creciendo» según la demanda. Lo que dará, al final, es la unión de las dos grandes ciudades de la provincia, con una población conjunta de más de 600.000 personas, la quinta área metropolitana más potente del país.

La intención con este proyecto de crear una zona libre de aranceles es «consolidar una economía más allá de los bandazos que pueda dar, poder generar puestos de trabajo y empresas y ser un lugar de referencia» atrayendo a compañías con una fiscalidad incentivada. «Se trata de un proyecto importante en la provincia con el que no pretendemos competir con otros puertos del Mediterráneo, sino poner en valor las sinergias de las que disponemos con una Zona Franca que nos permita ser competitivos, generar economías de escala y que puedan venir grandes empresas e inversores», concretó Sánchez.

El informe de impacto económico de la Zona Franca, realizado por Ineca el pasado invierno, reflejaba una capacidad de creación de 80.000 puestos de trabajo en los próximos diez años, de manera directa e indirecta. Elevará la facturación directa hasta los 1.225 millones de euros, al tiempo que supondrá para las empresas instaladas en la zona un ahorro en aranceles de 6,7 millones de euros al año, según el documento hecho público por el 'lobby' empresarial dirigido por Perfecto Palacios.

Sánchez explicó que la Mesa Técnica se pone en marcha desde este viernes porque ya hay un nuevo Gobierno, «con quien podemos hablar». Sus interlocutores serán Cristóbal Montoro y el nuevo titular de Fomento, Iñigo de la Serna, exalcalde de Santander y también impulsor de una Zona Franca en el puerto cántabro. Además, este proyecto ya contaba con el beneplácito del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta (a la espera de que se confirme su continuidad en el cargo), y del exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo.