Las Provincias

Mónica Oltra comparece ante los medios tras la reunión del Consell.
Mónica Oltra comparece ante los medios tras la reunión del Consell. / EFE

La Generalitat aprueba la nueva red de atención a las víctimas del delito

  • Será gestionada de forma pública y sustituirá a la que hasta ahora dirigía la fundación Favid

El pleno del Consell ha aprobado hoy el decreto por el que se crea la red de oficinas de asistencia a las víctimas del delito, una nueva red que será gestionada de forma pública y sustituirá a la que hasta ahora gestionaba la fundación Favide.

Así lo ha dado a conocer la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo, en la que ha destacado que se trata de un modelo "pionero en España" que ofrecerá a las víctimas una asistencia integral.

Además, se amplía la red de oficinas, que pasará de diecisiete a veintiuna, de las que tres se ubicarán en las capitales de provincia y el resto estará repartido en Alzira, Sueca, Xàtiva, Paterna, Requena, Sagunto, Torrent, Catarroja, Alcoi, Benidorm, Dénia, Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja, Vila-real y Vinaròs.

Las instalaciones de Castellón, Valencia, Alicante y Elche contarán con equipos multidisciplinares compuestos por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y criminólogos, y servirán de apoyo a las oficinas comarcales.

La red de oficinas, que tendrá un presupuesto inicial en 2017 de 1,1 millones de euros, está diseñada para ofrecer a las víctimas una atención integral desde el punto de vista jurídico, psicológico y asistencial.

Asimismo, está pensada para que desde cada una de las instalaciones se adopten todas las medidas necesarias para la protección y participación de las víctimas en los procesos judiciales y para evitar "una victimización secundaria" de las personas que han sufrido algún tipo de delito.

La Conselleria de Justicia gestionará, en coordinación con Vicepresidencia y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, esta red, que prestará especial atención a las víctimas de la violencia machista, y cuyas oficinas podrán ser utilizadas como organismos de coordinación de las órdenes de alejamiento en casos de maltrato por violencia doméstica.

Además, tendrá protocolos específicos para atender las necesidades de otros colectivos vulnerables, como los menores, los discapacitados físicos o psíquicos, las personas en situación de exclusión social, las víctimas de trata de seres humanos, agresiones sexuales o delitos de odio, y los afectados por la represión durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Para todos estos colectivos se diseñarán planes de actuación multidisciplinar que acogerá las fases de acogida y orientación, la información, la intervención y el seguimiento cuando todo el proceso en los tribunales termine.

Oltra ha destacado que el nuevo modelo sustituirá al actual, gestionado por la Fundación de Ayuda a las Víctimas del Delito (Favide), aunque todavía no se ha decidido qué ocurrirá con esta fundación ni con sus trabajadores.

El nuevo sistema facilitará a víctimas y testigos no sólo los recursos necesarios para garantizar su seguridad sino también una asistencia integral y especializada, y por ello la Generalitat asumirá la gestión, ya que la Justicia es un servicio público esencial que requiere la máxima atención y dotación de recursos.

Los trabajadores serán funcionarios de carrera o personal laboral de la Generalitat y la red desarrollará su actividad en coordinación con los órganos judiciales, la Fiscalía, la Abogacía, los institutos de medicina legal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los servicios sociales y cualquier otra institución que pueda estar en contacto con la persona afectada por un delito.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha explicado que este decreto no pudo aprobarse la semana pasada por un "fallo técnico", ya que faltaba su aprobación por parte de la comisión delegada de Inclusión y Derechos Sociales, que se ha reunido antes del pleno del Consell de hoy.