Las Provincias

El conseller de Educación, poco antes de su comparecencia. :: jesús signes
El conseller de Educación, poco antes de su comparecencia. :: jesús signes

Los concertados alertan de que la falta de dinero para cubrir gastos es «insostenible»

  • Educación estudia que las tasas universitarias bajen en función de la renta de los alumnos y critica el pago heredado de la deuda universitaria

Los presupuestos de 2017 apenas incluyen novedades para la educación concertada. La partida que más interés despierta entre los colegios es la vinculada con los gastos de funcionamiento y mantenimiento, la cuantía por aula que destina la Generalitat para cubrir conceptos como el agua, la electricidad, el material de las aulas o el salario del personal de administración y servicios. El objetivo de este dinero es básicamente cumplir con la ley, de manera que no haya coste alguno para las familias. Una idea que por cierto también defiende la conselleria, cuyos máximos responsables han afirmado en varias ocasiones -más bien a modo de indirecta- que la enseñanza concertada ha de ser «verdaderamente gratuita».

Sin embargo, la partida seguirá congelada por enésimo año consecutivo, algo que no ayuda al sostenimiento diario de los centros. «No es sorprendente. Se mantiene sin cambios gobierne quien gobierne», señala el presidente de Feceval, José Manuel Boquet, quien alerta de que en cambio el «IPC sí se incrementa año tras año así como otros conceptos de gasto, hasta el punto de que el coste de la enseñanza ha crecido de manera considerable desde que se actualizó» la cuantía.

Es decir, no sólo la luz es más cara ahora que en 2009, cuando se autorizó la última subida vía presupuestos, sino que desde entonces han aumentado demandas como la formación en idiomas o en nuevas tecnologías, por no hablar de necesidades de mantenimiento o adecuación de los centros a normativas de seguridad o prevención de riesgos. Para el presidente de la patronal concertada, la situación es «cada vez más insostenible».

Hay que tener en cuenta que el desfase entre el coste real de la enseñanza y la financiación pública está detrás de la existencia de las aportaciones voluntarias de las familias, que contribuyen a equilibrar las cuentas. Para hacerse una idea, en un reciente estudio realizado en Madrid entre colegios católicos se estableció que la citada partida -llamada Otros Gastos- sólo llegaba a cubrir el 50% del desembolso total.

La situación valenciana no será muy distinta, pues las cuantías que transfieren ambas autonomías a los centros son parecidas, aunque ligeramente superiores en la Comunitat, que es una de las regiones que más mejoran el mínimo al que obliga el Gobierno en relación a la financiación de los concertados. Y pese a ello los colegios alertan de que los fondos son insuficientes.

No sólo la parte interesada reivindica la actualización de la partida de Otros Gastos. La LOE socialista de 2006, que sigue vigente, establece la necesidad de realizar un estudio que fije la cuantía necesaria para financiar el coste real y garantizar la gratuidad, si bien la comisión de trabajo seleccionada no llegó a terminar la faena.

Como señala la secretaria autonómica de Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez, «es necesario que exista una debate nacional sobre la necesaria actualización, pues la educación concertada está infrafinanciada». A su juicio, la nueva congelación en los presupuestos autonómicos deja una sensación «agridulce». Alivia que no se recorte pero se lamenta que no evolucione.

La financiación de la educación sostenida vía conciertos se trató ayer en la comisión de Les Corts en la que el conseller Vicent Marzà defendió los presupuestos de su departamento. La diputada de Ciudadanos Merche Ventura le afeó que la aportación global -contando el módulo de funcionamiento y los salarios docentes de todas las aulas concertadas- se haya reducido en 7,6 millones respecto a 2016 y le interrogó por el impacto del recorte en cuanto a despidos o pérdida de derechos para las familias. Marzà le aclaró que se debe a que en los presupuestos de 2016 se incluían partidas retributivas que ya se han ejecutado, especialmente los trienios adeudados a miles de profesores, por lo que no tenía sentido mantenerlas en las cuentas de 2017. Además, afeó que el PP dejara este abono pendiente.

El conseller destacó los aumentos en ayudas como el bono infantil o las becas de comedor e insistió en que habrá más personal, aunque la diputada popular Beatriz Gascó defendió lo contrario, que se reducían en Primaria en base al borrador presupuestario. Además, dijo que habrá 28 millones para reponer libros de los bancos. Duplicar los fondos para formación docente, el reconocimiento de la carrera profesional del PAS o de los sexenios de los interinos y el incremento de los presupuestos universitarios fueron otros de los hitos que destacó Marzà.

En este sentido, criticó que hayan heredado el pago de la deuda histórica, pactado por los centros y el PP, y la cifró en 147 millones, de los que 99 se refieren a créditos asumidos por la administración. En cuanto a la bajada de las tasas, por la que preguntó la socialista Eva Alcón, dijo que deben vincularse a la renta del alumno. Aunque ya se hace con las becas, no descartó aplicar este sistema a medio plazo.