Las Provincias

Las reválidas no serán necesarias para pasar de curso pero sí para estudiar una carrera

Participantes en la manifestación del miércoles contra las reválidas en la plaza de San Agustín de Valencia. :: irene marsilla
Participantes en la manifestación del miércoles contra las reválidas en la plaza de San Agustín de Valencia. :: irene marsilla
  • La medida supone el primer gesto del Gobierno de cara a la nueva legislatura y se mantendrá hasta que haya pacto educativo

Las reválidas de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato no tendrán efectos académicos hasta que en España se haya cerrado un pacto por la educación. El anuncio lanzado ayer por Mariano Rajoy durante el debate de investidura supone el primer gesto hacia la oposición, una manera de asumir que la gobernabilidad sólo será posible buscando consensos y a través de la negociación. Al fin y al cabo todos los partidos con la excepción del PP han exigido que el Ejecutivo acepte, como mínimo, la 'mutilación' de estas polémicas pruebas, que son la principal novedad de la Lomce.

En la práctica, implicará que los alumnos no tengan que aprobarlas para pasar a la siguiente etapa, por lo que todo dependerá de su desempeño durante el curso, como hasta ahora. Eso sí, nada cambia para aquellos que quieran estudiar una carrera, pues la calificación obtenida en la de Bachillerato sí contará a la hora de hacer la media para acceder a la universidad al sustituir a la Selectividad. Las reválidas funcionarán como una evaluación de diagnóstico externa, y servirán a los centros para detectar fortalezas y debilidades en las distintas áreas. Por ejemplo, los resultados darán pistas sobre si es necesario reforzar las operaciones matemáticas, la comprensión de textos o la redacción.

El anuncio también supone una clara novedad respecto a la situación actual. Hay que tener en cuenta que ya estaba previsto en la propia Lomce que las reválidas de este curso no tuvieran efectos académicos. Al ser el primer año de aplicación, su convocatoria debía servir como experiencia piloto, para pulir posibles problemas en su realización. En base al calendario de implantación de la ley, las del ejercicio siguiente (2017-2018) sí serían eliminatorias.

Sin embargo, que Rajoy dijera ayer que la suspensión se mantendrá hasta que haya pacto educativo implica paralizarlas 'sine die'. Si se consigue en pocos meses nada habrá cambiado respecto a las previsiones iniciales, siempre que en el acuerdo alcanzado se opte por mantenerlas. En cambio, si las negociaciones se prolongan varios años, durante todo ese tiempo funcionarán como pruebas de rendimiento, nunca como filtro de estudiantes. El segundo escenario es más probable si se tiene en cuenta que en España nunca ha habido pacto y sí siete reformas educativas durante la democracia, cada una con su carga ideológica.

Así, mientras dure la negociación quienes aprueben 4º de la ESO podrán pasar a 1º de Bachillerato o a grados medios de FP y de enseñanzas artísticas o deportivas independientemente de su resultado en la reválida, que sólo será diagnóstica. Lo mismo pasará con los de 2º de Bachillerato que superen todas las materias y quieran acceder a cualquier estudio superior profesional (FP) o de las otras modalidades citadas.

En cambio, la situación es distinta para los que vayan a cursar una carrera universitaria, que son la inmensa mayoría (más del 85% de los que hacen 2º de Bachillerato en la Comunitat), pues tendrán que aprobar la reválida para poder extraer la nota media de acceso. Es cierto que será parecida a la Selectividad, pero no igual. Cambiarán los contenidos, habrá preguntas distintas, variará el número de pruebas y también la duración. Sin olvidar que pueden caer cuestiones de asignaturas cursadas en 1º, como es el caso de Filosofía, que no es obligatoria en 2º en el caso de la Comunitat. En cuanto al criterio para considerarla aprobada, el Ministerio de Educación trabaja con la idea de que se pueda hacer la media con un cuatro sobre diez y no con un cinco. Es la misma exigencia que se utilizaba en la Selectividad.

Los contenidos, aún en el aire

El problema para los jóvenes que actualmente cursan 2º es que a día de hoy no son oficiales ni las características concretas ni los contenidos que se evaluarán en la reválida, que dependen de una orden ministerial que está en fase de borrador. La posible salida solicitada por todas las comunidades autónomas ante el retraso acumulado por esta normativa, que era la prórroga del sistema anterior, no se aplicará.

La jugada de Rajoy busca congelar las reválidas manteniendo la Lomce en vigor, una manera de cumplir sin demasiado coste político el pacto con Ciudadanos de cara a la investidura, que preveía paralizar todos aquellos elementos de la ley que no se habían implantado aún. Además supone recoger el guante que le lanzó el portavoz socialista, Antonio Hernando, que ayer mismo le exigió la paralización de estas evaluaciones. La decisión es la prueba evidente de que el nuevo ejecutivo, en minoría parlamentaria, no tendrá más remedio que hacer concesiones para que la legislatura avance.

Es más, el portavoz del Psoe en el Senado, Vicente Álvarez Areces, afirmó que la medida es el «primer resultado» que consiguen los socialistas con su decisión de abstenerse, tal y como recogió Efe, si bien desde el partido también se ha considerado el gesto como insuficiente, pues a su juicio es necesaria la derogación completa de las reválidas.

En líneas similares se expresaron los representantes de Podemos, que plantearon la necesidad de acabar con la Lomce y no utilizarla como base del futuro pacto. Por su parte, desde Ciudadanos sí se mostraron conformes con el anuncio al valorar que se cumple con el acuerdo de investidura. En cuanto al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, dijo que el cambio de las pruebas responde a una «apertura» y a la «voluntad de diálogo del Gobierno para alcanzar el pacto educativo».

Recelos y rechazo

Si el anuncio pretendía desactivar el rechazo de buena parte de la comunidad educativa tras la huelga estudiantil y las manifestaciones del pasado miércoles, lo cierto es que no se ha conseguido. Los padres de Ceapa, la confederación estatal de Ampas públicas, y el Sindicato de Estudiantes, las entidades convocantes, ya han anunciado que su objetivo es que desaparezca la Lomce y que no descartan impulsar nuevas movilizaciones. La misma idea trasladaron desde los sindicatos UGT y CC. OO., que consideran que la derogación de la ley es un paso necesario de cara al futuro pacto educativo.

Las comunidades no gobernadas por el PP también han mostrado sus recelos. En clave valenciana, el conseller de Educación Vicent Marzà se mostró muy crítico. «Rajoy ha vuelto a hacer lo que hace siempre, hablar mucho y no hacer nada», señaló, al considerar que el anuncio «no tiene ningún efecto práctico».

Se refería a que ya estaba previsto que este año las reválidas no tuvieran efectos académicos. «Lo que pedimos es que desaparezcan porque no tienen sentido pedagógico», añadió, antes de volver a reclamar que «se acabe la incertidumbre» de los alumnos, que no saben «qué van a hacer este curso, cómo van a ser, qué se va a preguntar o qué contenidos tendrán». Para el conseller es necesario mantener la Selectividad.

Por su parte, la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya, mayoritaria en los centros públicos de la Comunitat, tildó de «engaño» la medida al «no ofrecer nada nuevo a los padres», en el sentido de que este año ya se contemplaba que no fueran eliminatorias, como explicó el presidente, Màrius Fullana. La organización también quiere la derogación de la ley y avanzó que la Plataforma por la Enseñanza Pública tiene previstas nuevas movilizaciones, entre ellas otra huelga en diciembre.

Agrado de los rectores

En cuanto a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue), aplaudieron a través de un comunicado el ofrecimiento de llegar a un pacto de Estado en educación y la suspensión de los efectos académicos. Por ello mostraron su «total disponibilidad» al Gobierno y agradecieron que la prueba de Bachillerato vaya a ser «lo más parecida posible a la anterior Selectividad».

Además, recordaron que en marzo solicitaron una prórroga de la misma que «acabara con la incertidumbre de estudiantes y familias», pero se toparon con la imposibilidad de que un gobierno en funciones modificara una ley orgánica.