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Francisco Gómez, junto a Salvador Navarro, presidente de CEV.
Francisco Gómez, junto a Salvador Navarro, presidente de CEV. / R. A.

El juez tumba el recurso del IVF contra el plan de viabilidad de Coepa

  • La patronal alicantina salva el primero de los dos grandes 'combates' después de que el Juzgado de lo Mercantil número 1 diga que el convenio de acreedores se ajusta a la legalidad

El primero de los dos grandes 'combates' a los que se debía enfrentar la patronal alicantina en pocos días para tratar de garantizar su viabilidad lo salvó ayer Coepa. El juez de lo Mercantil número 1 de Alicante dictó un auto en el que dictamina que el convenio de acreedores se ajusta a la legalidad después de no admitir el recurso de reposición interpuesto por el IVF a principios de mes, pocos días después de que el administrador concursal respaldara el plan presentado por el equipo de Francisco Gómez. Así las cosas, el futuro de la organización alicantina queda de forma casi exclusiva en manos de lo que decida el próximo 11 de noviembre la junta directiva de la patronal regional Cierval (que concentra el 75% de la deuda ordinaria, medio millón de euros) sobre la quita del 95%.

En su recurso, el banco público liderado por Manuel Illueca poco menos que determinaba que Coepa es inviable y pedía al juez su liquidación urgente. El IVF consideraba textualmente que «se trataría de un convenio liquidatorio y el artículo 100.3 prohíbe este tipo de convenios, pues el resultado de lo que cobraría un acreedor, caso de que se cumpliera el convenio, se acerca más al resultado de los concursos que acaban en liquidación que al de los concursos aprobados por empresas viables» y reclamaba al magistrado la inadmisión a trámite del convenio de acreedores de Coepa, tras considerar, incluso, que se «está encubriendo una dación en pago, obviando la tramitación de los convenios de dación cuyo contenido se permite actualmente», afirmaba la Abogacía de la Generalitat.

Esta elusión de la liquidación casi inmediata tras el rechazo del recurso supone todo un balón de oxígeno para la patronal. En el auto emitido ayer mismo por el magistrado, se plantea la legalidad de la propuesta de Coepa y se critica, incluso, la actitud del banco público, al considerar que la liquidación ordenada no le aportaría más posibilidades de cobro al IVF, al que Coepa adeuda 3,2 millones de euros del crédito para el centro de oficios de Babel.

«No puede sancionarse una solución satisfactoria de un interés particular de un solo acreedor, por muy relevante que sea su crédito (en alusión a los 3,2 millones de euros del préstamo de la hipoteca, más los intereses ordinarios y de demora del IVF), si la solución conservativa garantiza la satisfacción no sólo de este interés sino también de la totalidad de los acreedores», afirma en el auto el magistrado para dar viabilidad a la propuesta de Coepa. Entre el resto de acreedores y como principal ordinario está Cierval, al que adeuda medio millón de euros Coepa, pero también otros acreedores como el Fogasa y los 19 extrabajadores que fueron despedidos durante el proceso concursal con un Ere extintivo.

Como se viene informando desde la presentación del plan de viabilidad por el equipo de Francisco Gómez a finales de septiembre, Coepa propone una quita del 95% para la deuda ordinaria, que suma 769.000 euros, de los que el 75% corresponden a cuotas impagadas a la patronal autonómica Cierval durante los últimos años; el pago de la hipoteca del centro de oficios con la compraventa del centro de oficios tasado en 4 millones de euros, un valor superior a la hipoteca pendiente; y un plan de pagos a ocho años para un millón de euros que suponen las indemnizaciones y salarios impagados de los exempleados y los salarios de tramitación que abonó ya el Fogasa.

El convenio de acreedores y plan de viabilidad fue defendido con sendos escritos ante el magistrado por Coepa, el administrador concursal (Luis Fernando Alonso Saura) y por la plantilla despedida. Los tres rechazaron los términos del recurso de reposición del IVF. El juez viene a descartar la interpretación de la Abogacía de la Generalitat sobre la supuesta dación en pago encubierta de la que hablaba. «A priori, no puede afirmarse que no esté garantizado el cobro del crédito del IVF, que en el fondo es lo que parece traslucir el recurso de reposición, sino que su cobro se hará conforme a las normas establecidas», añade al auto.