Las Provincias

El Consell autoriza recurrir las reválidas, que costarían 950.000 euros en la Comunitat

  • Mónica Oltra alude razones tanto pedagógicas como prácticas y recuerda que otras comunidades autónomas ya lo han recurrido

El pleno del Consell ha autorizado a la Abogacía de la Generalitat a interponer un recurso contra el real decreto por el que se regulan las conocidas como 'reválidas' al término de la Secundaria y el Bachillerato, unas pruebas que supondrán un gasto de cerca de 950.000 euros, "cantidad insostenible más aún cuando en este curso las pruebas no tendrán consecuencias académicas, cosa que hace suponer un alto grado de no participación".

Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en la que ha resaltado que la Conselleria de Educación ha tenido siempre como objetivo, dentro de la normativa vigente, minimizar los efectos negativos de la LOMCE.

El Consell ha justificado esta decisión de recurrir el decreto que regula las llamadas reválidas por razones "tanto pedagógicas como prácticas", ha detallado la portavoz, que ha criticado que "obtener un resultado negativo en estas pruebas implica, según el real decreto, la no titulación del alumno, dejando sin validez los resultados obtenidos a lo largo de la etapa", lo que relega a un único momento la valoración de todos los aprendizajes adquiridos de forma progresiva.

Por otro lado, ha censurado que "las pruebas están claramente orientadas hacia los contenidos" y no el grado de adquisición de competencias y objetivos generales de la etapa. En el recurso se hace también referencia a los elevados gastos de la realización de las mencionadas pruebas, por su consideración de externas y la gran cantidad de pruebas que se deben diseñar, coordinar, aplicar y corregir.

En el caso valenciano, y teniendo en cuenta el número de alumnos, centros, pruebas, tribunales y comisiones, los gastos se estiman en cerca de 950.000 euros, "cantidad insostenible más aún cuando en este curso las pruebas no tendrán consecuencias académicas, cosa que hace suponer un alto grado de no participación".

Por último, ha hecho énfasis en "la paralización organizativa" que supondría la aplicación de las pruebas (se calcula en unos 2.000 profesores durante 5 días los implicados en la realización de las pruebas, cantidad que aumentaría en el momento de la corrección), el uso de 5 millones de hojas de papel o la incidencia en el calendario escolar".

Preguntada sobre por qué se ha decidido presentar ahora el recurso, ha indicado que otras comunidades han dado ya ese paso y coincide con un momento en que "los estudiantes están en la calle" y se ha hecho "cuando se ha podido".

No ha precisado si en este recurso se pedirá la suspensión cautelar de la aplicación del decreto, dado que es una cuestión técnica que no decide el Consell, sino la Abogacía.