Las Provincias

La mitad de los dependientes que espera una plaza en una residencia de la Comunitat tiene más de 80 años

Mayores en un centro valenciano, en una imagen de archivo. :: irene marsilla
Mayores en un centro valenciano, en una imagen de archivo. :: irene marsilla
  • Los octogenarios copan las solicitudes para las ayudas previstas en la normativa y llegan a sufrir un retraso cercano a los cuatro años

El Síndic de Greuges ya advertía, en su último informe anual, de la existencia de casos de herederos de personas reconocidas como dependientes que habían fallecido sin que se hubiese resuelto el denominado Programa Individual de Atención (PIA), el que determina los servicios y prestaciones que, por ley, les correspondían. Estas personas han hecho frente a los gastos derivados de la atención de sus familiares con la consiguiente merma económica, lo que en muchos casos les ha provocado un endeudamiento que está precarizando su situación actual. Las demoras en las valoraciones de los solicitantes de ayuda, en algunos casos cercanas a los 45 meses (casi cuatro años), según el Síndic; la falta de recursos públicos suficientes, sobre todo de plazas en residencias y otros centros; y la avanzada edad de buena parte de los solicitantes son las principales circunstancias que han llegado a provocar situaciones de este tipo.

En concreto, y según los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, alrededor del 53% de los solicitantes de ayudas previstas en el sistema para la autonomía y atención a la dependencia (principalmente una plaza en una residencia o cuantías económicas para el cuidado por parte de familiares) tiene 80 años o más, mientras que otro 21% se encuentra entre los 65 y los 79 años, porcentajes de edad que se mantienen o, si cabe, podrían incrementarse algo más cuando se superan todos los trámites y se llega al estadio previo a la obtención de una plaza en una residencia (por el tiempo que pasa entre la presentación de la solicitud y la consecución definitiva de la ayuda). Además, dentro del colectivo que ha superado las ocho décadas, más del 60% de las solicitantes son mujeres.

En datos absolutos, según el último informe publicado por el ministerio, son unos 36.500 los valencianos que están a la espera de recibir la citada valoración de dependencia y que optan a entrar en el sistema de ayudas. Por contra, la cifra de mayores que ya ha realizado los trámites autonómicos y se encuentran en lista de espera para obtener una plaza en una residencia de ancianos sostenida por fondos públicos ronda los 3.400, como anunciaba el lunes la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. Estos últimos, como explicó la portavoz, todavía no han podido conseguir una plaza por la falta de infraestructuras públicas, pese a que su avanzada edad incrementa la urgencia.

Colaboración privada

Para tratar de atajar este déficit de servicios públicos, la conselleria optará por recurrir a la gestión privada, un modelo duramente criticado por el actual Gobierno autonómico en los años en los que estaba en la oposición (especialmente por Compromís en los ámbitos sanitarios y educativos), pero finalmente por el que se ha decantado. Para ello, concertará el próximo año 3.300 nuevas plazas a través de un concurso abierto a las empresas del sector. Una medida, a la postre, «lógica», teniendo en cuenta que el 80% de los centros para personas mayores en la Comunitat son de titularidad privada, según apreciaron desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte).

Para las plataformas en defensa de las personas en situación de dependencia de la Comunitat acabar con las listas de espera debe ser una de las prioridades, aunque centran su reivindicación principalmente en los retrasos de las valoraciones; una tardanza que, según les indicó la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Sandra Casas, no se resolverá por completo, al menos, hasta dentro de dos años.

Por su parte, la recomendación que el Síndic de Greuges hace a la conselleria es que no sobrepase el plazo legal establecido para la resolución del expediente, establecido en seis meses, pese a que en la actualidad se vienen alargando entre dos y cuatro años, como apunta el defensor del pueblo valenciano.

El Consell exigirá titulación universitaria a los directores de centros geriátricos

«Para el desempeño del puesto de director en centros de atención a personas en situación de dependencia se exigirá titulación universitaria, excepto a las personas que estuvieran ocupando ya un puesto de dirección o realizando esas funciones con un mínimo de experiencia de tres años a fecha del 31 de diciembre de 2015». Así reza en la orden publicada el miércoles por el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, que desarrolla la formación de los profesionales que atienden los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia valencianos.

Asimismo, añade que los cuidadores y gerocultores que presten sus servicios en centros o instituciones sociales de la Comunitat, deberán acreditar la cualificación profesional de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. El personal que hasta el 31 de diciembre de 2015 se encontrase desempeñando alguna de estas funciones sin cualificar deberá iniciar o completar la formación necesaria para obtener la titulación correspondiente de formación profesional o el certificado de profesionalidad, o inscribirse en los procesos de acreditación convocados por la administración competente. Además, la orden establece que todos los centros deberán elaborar y desarrollar planes de formación para el personal, con una oferta formativa dirigida a la obtención de los certificados que cita la propia orden.