Las Provincias

La mitad de los dependientes que aspira a una plaza en un centro tiene más de 80 años

Varias personas mayores son atendidas en una residencia. :: irene marsilla
Varias personas mayores son atendidas en una residencia. :: irene marsilla
  • Los octogenarios copan las solicitudes para las ayudas previstas en la normativa y llegan a sufrir un retraso cercano a los cuatro años

El Síndic de Greuges ya advertía, en su último informe anual, de la existencia de casos de herederos de personas reconocidas como dependientes que habían fallecido sin que se hubiese resuelto el denominado Programa Individual de Atención (PIA), el que determina los servicios y prestaciones que, por ley, les correspondían.

Estos familiares habían hecho frente a los gastos derivados de la atención de estos dependientes con la consiguiente merma económica, lo que había provocado un endeudamiento que estaba precarizando su situación actual. Las demoras en las valoraciones de los afectados, en algunos casos cercanas a los 45 meses (casi cuatro años), según el Síndic; la falta de recursos públicos suficientes, sobre todo de plazas en residencias y otros centros; y la avanzada edad de buena parte de los solicitantes son las principales circunstancias que han llegado a provocar situaciones de este tipo.

En concreto, y según los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, alrededor del 53% de los solicitantes de ayudas previstas en el sistema para la autonomía y atención a la dependencia (principalmente una plaza en una residencia o cuantías económicas para el cuidado por parte de familiares) tiene 80 años o más, mientras que otro 21% se encuentra entre los 65 y los 79 años, porcentajes de edad que se mantienen o, si cabe, podrían incrementarse algo más cuando se superan todos los trámites previos y se llega a la lista de espera para obtener plaza en una residencia (por el tiempo que pasa entre la presentación de la solicitud y la obtención de la ayuda).

Además, dentro del colectivo que ha superado las ocho décadas, más del 60% de las solicitantes son mujeres.

En datos absolutos, según el último dato publicado por el ministerio, son unos 36.500 los ciudadanos de la Comunitat que están a la espera de recibir la citada valoración de dependencia y entrar en el sistema de ayudas, mientras que la cifra de personas que ya han pasado todos los trámites y se encuentran en lista de espera para obtener una plaza en una residencia para mayores sostenida por fondos públicos ronda las 3.400, como anunciaba el lunes la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.

Estas últimas, como explicó la portavoz, todavía no han podido conseguir una plaza por la falta de infraestructuras públicas, pese a que su avanzada edad incrementa la urgencia.

Para tratar de atajar este déficit de servicios públicos, la Conselleria optará por recurrir a la gestión privada, un modelo duramente criticado por el actual Gobierno autonómico en los años en los que estaba en la oposición (especialmente por Compromís en los ámbitos sanitarios y educativos), pero finalmente por el que se ha decantado.

Para ello, concertará el próximo año 3.300 nuevas plazas a través de un concurso abierto a las empresas del sector. Una medida, a la postre, «lógica», teniendo en cuenta que el 80% de los centros para personas mayores son de titularidad privada, según apreciaron desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte).