El Gobierno prevé suavizar la reválida y hará que se parezca a la Selectividad

valencia. La evaluación final de 2º de Bachillerato sigue en pie, aunque se prevé introducir modificaciones respecto a las previsiones iniciales, sobre todo a raíz del acuerdo alcanzado con los rectores de las universidades y tras las críticas de las autonomías, las de los partidos políticos y las de carácter social. La mejor evidencia de que buena parte de la comunidad educativa no quiere estas pruebas se vio ayer en las calles, con manifestaciones por toda España (varias de ellas en la Comunitat) y con una jornada de huelga estudiantil que tuvo un seguimiento importante en la red pública y minoritario en la concertada.

Según se desprende del borrador de la orden que concreta las características de la reválida, adelantado el martes por el diario especializado Magisterio, incluirá aspectos calcados de la Selectividad actual. No tanto en relación a la estructura, que ya se suavizó respecto al fallido borrador de la etapa de José Ignacio Wert que hablaba de hasta 400 preguntas cortas o de tipo test, sino en cuanto a su funcionalidad.

Por ejemplo, mientras que la Lomce establece que para poder acceder a la universidad habría que superar la reválida de Bachillerato con al menos un 5 sobre 10, en el citado borrador se incluye una disposición adicional que dice que para la de este año el alumno «deberá obtener una calificación igual o superior a cuatro puntos en la evaluación final».

Con esta nota ya se podrá, junto al expediente de Bachillerato, extraer la media global que se tiene en cuenta a la hora de entrar en un grado. Es decir, el mismo requisito que el exigido en la Selectividad. No es que el ministerio contradiga su propia ley orgánica, sino que la normativa que desarrolla la Lomce señala que anualmente se dictarán instrucciones sobre las características y contenidos de las pruebas. Es decir, se recurre a esta regulación temporal para suavizar las previsiones iniciales. Al menos de cara a la convocatoria que llegará este mismo curso.

Además, se prevé tener en cuenta la petición de todas las autonomías de que la evaluación final sólo sirva para entrar en la universidad, de manera que los alumnos que opten por otros estudios superiores, como ciclos de FP, enseñanzas artísticas o deportivas, no tengan que superarla. Es otro cambio, pues la Lomce prevé que para cursar cualquiera de estas vías hay que tener el título de Bachiller, para lo que es requisito básico aprobar la reválida.

Fuentes del ministerio señalaron ayer que aunque se van a aplicar medidas que aproximen la nueva prueba a la Selectividad, el borrador difundido no es el último con el que se está trabajando, por lo que puede haber cambios. Una vez esté listo debe pasar por el Consejo Escolar del Estado -descabezado por la imposibilidad del Gobierno en funciones de nombrar altos cargos- antes de la aprobación oficial. El plazo límite es el 30 de noviembre.

«España será republicana»

En cuanto a la huelga, fue secundada por alumnos de ESO y Bachillerato, mientras que en las universidades la jornada fue como la de cualquier día normal. Por la mañana la organización convocante, el Sindicato de Estudiantes, impulsó una manifestación que finalizó en la plaza del Ayuntamiento de Valencia en la que participaron mayoritariamente jóvenes de las citadas etapas.

El lema de la pancarta que abría la marcha rezaba 'Reválidas franquistas no', en alusión a las pruebas que desaparecieron a partir de 1970. Desde la entidad criticaron que con la Lomce y los recortes se busca «cerrar las puertas a los hijos de los trabajadores a una educación digna», como recogió Europa Press. También hubo proclamas a favor de la república al final del acto, cuando desde el balcón, donde accedieron algunos participantes, se quiso exhibir una bandera tricolor que fue retirada por la policía. En ese momento, abajo se coreó una consigna recurrente en estas protestas: «España, mañana, será republicana».

Valencia acogió otra manifestación vespertina, si bien en este caso participaron además asociaciones de padres y docentes. Fue impulsada por la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública. El objetivo era el mismo: pedir la eliminación de las pruebas y la anulación de la Lomce. Les Corts también aprobó una resolución en este sentido.