Las Provincias

Alumnos junto a una profesora en clase. :: manuel molines
Alumnos junto a una profesora en clase. :: manuel molines

Profesores perderán hasta 4.500 euros al año por la supresión de conciertos

  • Los docentes de los centros afectados que mantengan el Bachillerato en régimen privado no podrán beneficiarse de la mejora salarial de 2001

Los sindicatos de la enseñanza concertada ya han mostrado su preocupación ante las previsiones de Educación de reducir todo lo posible los convenios de Bachillerato. Y es que el panorama que se dibuja para los profesionales que resulten afectados es complejo.

Las consecuencias van desde el despido, el peor de los escenarios posibles, hasta la reducción salarial, que puede llegar por la minoración de la jornada o por la pérdida del Complemento Retributivo de la Comunitat Valenciana (Crcv), la mejora que se pactó en 2001 y que permitió a los docentes de la concertada equiparar su salario a los de la pública. Implicaría dejar de percibir hasta 4.550 euros al año (unos 325 en las 14 nóminas) en aquellos casos en que el profesor cubriera toda su jornada dando clases en 1º o 2º.

Esta situación se daría en aquellas escuelas que tras quedarse sin concierto para la etapa decidieran mantener las aulas en marcha, una manera de dar continuidad a sus alumnos que promocionaran desde la ESO. No sólo los padres pagarían más, sino que estos docentes se regirían por unas condiciones laborales distintas pues las unidades tendrían el tratamiento que se da al sector privado, donde paga la empresa.

Como explican desde el sindicato mayoritario, Fsie, el complemento está vinculado al pago delegado, es decir, a que sea la conselleria quien abone la nómina, que es lo que sucede con el concierto. En cuanto a los docentes que también dieran clases en la ESO, algo habitual en los claustros, el ajuste sería proporcional a las horas 'concertadas' perdidas en Bachillerato.

Las citadas fuentes remiten al convenio colectivo estatal, que en clave valenciana se completó con la citada mejora en aras de la homologación. Exactamente dice que estos complementos retributivos que dependen de las autonomías «estarán condicionados a que sean hechos efectivos por la administración correspondiente» y que «las empresas no abonarán cantidad alguna por estos conceptos y, en consecuencia, no estarán obligadas a ello».

Lógicamente, si los titulares de los centros pactaran con sus trabajadores alguna retribución añadida se mitigaría el problema, aunque no es algo que parezca sencillo. Ni siquiera las cuantías incrementadas de las familias daría para ello, pues también habría que afrontar los gastos de funcionamiento de las aulas, hasta ese momento cubiertos con el concierto, sin olvidar que una matrícula demasiado elevada podría provocar un efecto huida.

Como explican desde la sección de educación concertada de la Federación de Enseñanza de CC.OO. PV, hay otras variables a tener en cuenta, como la diferencia entre el salario base que se aplica a los docentes de la privada y de la concertada, que es ligeramente menor en el caso de los primeros, lo que incrementaría la pérdida de poder adquisitivo. «En estos supuestos desde la federación plantearemos que se cubra esta diferencia para que el trabajador no sea el perjudicado», explicaron. La misma idea trasladaron desde Fsie, en el sentido de «urgir a que no se produzca una minoración salarial».

En cuanto a los casos de despido, los profesionales tendrán la posibilidad de entrar en la bolsa de recolocación creada este curso. La idea es facilitar el empleo a los afectados por la eliminación de unidades. Eso sí, también tiene aspectos a pulir. Como explica el sindicato UGT, el profesor que acepta entrar en la bolsa renuncia a su indemnización por despido, y si no acepta el puesto que se le ofrece, es excluido del sistema. «Si un docente vive en Alicante y se le oferta una plaza lejos que no puede cubrir por una cuestión de conciliación se ve doblemente perjudicado», señalan desde la organización, que va a plantear a Educación que se introduzca alguna restricción geográfica para evitar estos casos, limitando de alguna manera las posibilidades de exclusión.

Desde USO, único sindicato no firmante del acuerdo para la creación de la bolsa, recuerdan que las reducciones de jornada son habituales para evitar despidos. Es decir, se reajustan las horas de la plantilla, lo que no pocas veces genera tiranteces en el claustro. Y lógicamente, el salario se resiente. En cuanto a su oposición a la bolsa, dijeron que al eliminarse la indemnización incentivada que pagaba la administración (además de la ordinaria) se «allana el camino para reducir unidades y conciertos y para aplicar medidas de base ideológica».