Las Provincias

Los promotores reclaman 316 millones por planes urbanísticos anulados

Los terrenos de la ZAL de Valencia en imagen de archivo. :: Damián torres
Los terrenos de la ZAL de Valencia en imagen de archivo. :: Damián torres
  • Obras Públicas se enfrenta a un aluvión de reclamaciones en los tribunales al tramitarse sin informes ambientales ni hidrográficos

Un total de 316 millones y subiendo. Es la cifra que baraja la Conselleria de Obras Públicas como «hipoteca urbanística» que dejó el anterior gobierno del Partido Popular en la Comunitat. Es decir, la cuantía que tendrá que desembolsar la Generalitat por las reclamaciones patrimoniales que promotores y particulares han presentado ante los tribunales por planes urbanísticos anulados.

Hasta el momento son 60 reclamaciones que corresponden a 20 anulaciones de planeamientos, según desveló ayer la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, quien estuvo acompañada por el director general de Territorio, Lluis Ferrando. Ambos coincidieron en señalar que se espera que la cifra ascienda en los próximos años, ya que los afectados tienen un año de plazo para acudir ante los tribunales.

La ZAL de Valencia, los PAI de Porxinos (Ribarroja) y Rabasa (Alicante) o el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Dénia son algunas de las actuaciones que forman parte de ese «torpedo» en «la línea de flotación» de las arcas públicas en caso de que sean aceptadas por los jueces, según Salvador.

Un aspecto en el que se muestran pesimistas porque las actuaciones han sido tumbadas, fundamentalmente, por haberse obviado las evaluaciones ambientales y por haberse eludido los informes de las confederaciones hidrográficas -que son de carácter vinculante-. En el caso de Porxinos, por ejemplo, Gobierno y Generalitat se enfrentaron por los informes que acreditasen que los desarrollos urbanísticos tuvieran garantizados los recursos hídricos. «Denota una mala gestión en la tramitación de los planes», criticó la consellera.

De esos 316 millones que la Generalitat tendrá que desembolsar, el grueso corresponde al PGOU de Dénia (70 millones), seguido de la ZAL de Valencia (54,9 millones) o el plan Rabasa (30, 2 millones). Hay otros, como el planeamiento de Castellón, que ha sido anulado por el Tribunal Supremo pero todavía no ha llegado una reclamación.

Entre las reclamaciones también figuran las correspondientes a la anulación de otras actuaciones urbanísticas en Vilafamés, en la provincia de Castellón; Algimia de Alfara, Ribarroja, Alboraya, La Torre, Torres-Torres, Náquera, Requena, Benetússer, Xeresa y Barxeta, en la provincia de Valencia; y Alicante, Finestrat, Tabarca, Altea y Novelda, en la provincia de Alicante.

Ante esta situación, la conselleria está impulsando «nuevas medidas» con el fin de «actuar con rigor y seriedad» y de «respetar los informes técnicos sin interferencias», de forma que se dé también seguridad jurídica a los posibles inversores.

María José Salvador apuntó que una de las primeras actuaciones fue dar carácter vinculante a la Estrategia Territorial Valenciana y que actualmente se trabaja en la modificación de la ley urbanística, que próximamente se presentará y se llevará a Les Corts.

Además, apuntó a la planificación como herramienta para «dar fin a los tiempos de la improvisación y de los informes a la carta». En este punto, citó los planes de áreas metropolitanas, como el de Valencia, que se va a redactar. Iniciativas que, a su juicio, evitarán «intereses especulativos» y ofrecerán la oportunidad de «estudiar todas las necesidades residenciales, comerciales e industriales».

Ley de la vivienda

Por otro lado, durante la presentación del 'Mapa de la hipoteca urbanística a la Comunitat', la también titular de Vivienda hizo referencia a las quejas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que el pasado lunes protestó ante las puertas del parlamento valenciano para reclamar al Consell que evite desahucios y garantice el derecho a la vivienda.

Para María José Salvador, es necesaria «una verdadera ley de segunda oportunidad del Gobierno de España» frente a los desahucios, dado que es en la administración central «donde están las competencias en materia legal». «Se necesita una ley que evite los desahucios, y eso lo ha de hacer el Gobierno de España», insistió al tiempo que resaltó que «en la Comunitat, el Consell no se ha puesto de perfil, como el anterior», al afrontar este tipo de cuestiones.

Así, hizo referencia a la Ley de la Función Social de la Vivienda, que actualmente se encuentra en tramitación en Les Corts» y que permitirá sancionar a los bancos que no cedan sus pisos vacíos para alquileres sociales. Según Salvador, la Generalitat, «aplica medidas contundentes en sus competencias. No tiene sentido que si somos una autonomía con un número elevado de desahucios, no planteemos la responsabilidad social que han de tener las entidades financieras».