Las Provincias

Promotores y particulares reclaman al Consell 316 millones por planes urbanísticos anulados

La consellera María José Salvador, ayer durante la presentación del Mapa de la Hipoteca Urbanística.
La consellera María José Salvador, ayer durante la presentación del Mapa de la Hipoteca Urbanística. / L. V.
  • La Generalitat ha recibido más de 60 demandas por responsabilidad patrimonial de afectados por la paralización de proyectos impulsados durante la etapa del PP

El Gobierno valenciano se enfrenta al pago de más de 316 millones de euros a partir de las más de 60 reclamaciones por responsabilidad patrimonial presentadas por afectados -promotores y propietarios de suelo- por la anulación en los tribunales de una veintena de planes urbanísticos aprobados por el PP durante sus veinte años de gestión en la administración autonómica. Así lo anunció ayer la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, en la rueda de prensa en la que presentaron el 'Mapa de la Hipoteca Urbanística de la Comunitat Valenciana'.

Salvador lamentó que a la «hipoteca reputacional» de este territorio por casos de corrupción se le sume «la urbanística, con graves consecuencias económicas para las arcas de la Generalitat por la nefasta gestión del PP» al frente de esta administración. La responsable autonómica precisó que los planes se han anulado «por aprobarse sin el preceptivo informe de la confederación hidrográfica correspondiente u obviando los preceptivos informes de evaluación ambiental», y dijo que se reclama ahora a la Generalitat «por la mala tramitación hecha por el anterior gobierno».

Igualmente, destacó que «los 316 millones de euros cuantificados» hasta el momento y que «los tribunales tienen sobre la mesa irán en aumento a medida que éstos se vayan pronunciando respecto a otras causas» pendientes. La consellera dijo que esto supone «un torpedo a la línea de flotación» de los recursos autonómicos.

Entre los planes anulados están el Plan Rabasa de Alicante, por el que se reclaman 30,2 millones de euros; el PGOU de Castellón y el de Dénia, por el que se demandan más de 70 millones de euros; el PAI Mas de Portxinos en Riba-roja (Valencia), por el que se piden 19,4 millones de euros; la ZAL de Valencia, por cuya anulación se solicitan 54 millones de euros, y el sector RS 11 Río Algar en Altea.

Además, entre las reclamaciones están también las correspondientes a la anulación de otras actuaciones urbanísticas en Vilafamés, en la provincia de Castellón; Algimia de Alfara, Alboraya, Valencia-La Torre, Torres-Torres, Náquera, Requena, Benetússer, Xeresa y Barxeta, en la provincia de Valencia, y Finestrat, Alicante- Tabarca y Novelda, en Alicante.

Frente a las «malas prácticas urbanísticas» de los anteriores gestores de la Generalitat, María José Salvador destacó la voluntad del actual Consell de «recuperar el prestigio perdido por la Comunitat Valenciana» y de poner en valor «un territorio castigado por la burbuja inmobiliaria y por los gobiernos del PP».

La consellera afirmó que el Ejecutivo que dirige ahora la Generalitat impulsa «nuevas medidas» con el fin de «actuar con rigor y seriedad» y de «respetar los informes técnicos sin interferencias». «Ha llegado el fin de los tiempos en los que se aprobaban actuaciones sin los informes preceptivos, sin normativa y sin atender los informes técnicos», subrayó. A su vez, Salvador defendió «la seriedad en el trabajo» para dar «seguridad al inversor», así como «la rigurosidad en la tramitación» para «evitar que sea tumbada por los tribunales» como ha propiciado en algunos casos «la nefasta gestión del anterior gobierno» autonómico.

Preguntada por los recursos que podría plantear la administración valenciana a las reclamaciones citadas y por la esperanza de que prosperen, la consellera dijo que «a al luz de las causas por la que se ha declarado la nulidad» de las actuaciones urbanísticas, «por omitir el informe de las confederaciones hidrográficas y por obviar el informe de evaluación ambiental», «no se es muy optimista para evitar pagar».

La titular de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio aseguró que el actual Consell apuesta por «un urbanismo sostenible» y ha destacado en este contexto «la Estrategia Territorial Valenciana» como base para «no tener un crecimiento futuro no justificado por el interés general».

Del mismo modo, resaltó la importancia de la «planificación» para «dar fin a los tiempos de la improvisación y de los informes a la carta». En este punto, citó los planes de áreas metropolitanas impulsados por el Consell, dentro de los planes de acción territorial, para las grandes ciudades de la Comunitat Valenciana.

Resetear el urbanismo

María José Salvador comentó que estas iniciativas evitarán «intereses especulativos» y ofrecerán la oportunidad de «estudiar todas las necesidades» para poder contar con «un detallado estudio del territorio, con necesidades residenciales, comerciales e industriales». Agregó que esto ayudará a «ver los puntos más convenientes» y las «ubicaciones más idóneas» para instalar proyectos» desde «una visión supramunicipal».

«Es importante resetear el urbanismo y la planificación en la Comunitat Valenciana. Hay que resetear para hacer las cosas bien y eso implica planificar y no improvisar», declaró la consellera, que defendió la existencia de una nueva visión del territorio y «el fin de los tiempos del despilfarro». En la misma línea, subrayó el «rigor» y la «seriedad» con la que se han de tomar las decisiones en el Consell.