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Un tramo de la carretera A-7. :: lp
Un tramo de la carretera A-7. :: lp

El Consell descarta pagar por la liberalización de la AP-7 porque la carretera es estatal

  • El Gobierno anuncia que estudia reducir los plazos de ejecución del reasfaltado en la Vall d'Uixó para minimizar el impacto en el tráfico

«Lamentable». Es el calificativo que ayer empleó la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, para referirse a la propuesta del Ministerio de Fomento de liberalizar el tramo de la AP-7 entre Sagunto y el acceso sur a Castellón mediante la subvención económica conjunta del Gobierno y de la Generalitat.

«Es competencia suya y, por tanto, tiene que asumir el coste», señaló Salvador sobre la bonificación del posible desvío de vehículos debido a las obras de reparación del firme que se acometen en la A-7 en el entorno de la Vall d'Uixó. «La sensibilidad del Gobierno de España con la Comunitat es nula», recriminó la consellera, que resaltó que la Generalitat paga de su bolsillo el servicio de autobuses que cubren el trayecto de la línea 9 del TRAM de Alicante, cerrado a la circulación por problemas de seguridad debido a las deficiencias en la vía.

«A la falta de financiación y el incumplimiento de las inversiones se suma ahora que nos dicen que la Generalitat debe pagar a pesar de que se trata de dos carreteras y unas obras que son el ministerio», señaló, al tiempo que recordó que la Generalitat ha remitido una carta al ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá, para solicitar la gratuidad. «Esperamos una celeridad igual que la de Hacienda», dijo Salvador, ya que el ministerio que dirige Montoro tardó menos de una semana en rechazar conceder 38 millones a la Comunitat para subvencionar el transporte metropolitano.

También el jefe del Consell, Ximo Puig, mostró su rechazo a asumir el coste de la liberalización parcial de la AP-7. A su juicio, Fomento «debe hacer lo mismo que ha hecho en otras circunstancias y en otros territorios», en referencia a los casos de Zaragoza y Girona.

Mientras, aparte de la liberalización de la AP-7 anunciada por el secretario de Estado de Fomento, Julio Gómez-Pomar, durante su visita a Valencia, el Ejecutivo central baraja otras medidas para minimizar el impacto de las obras, como la reducción de los plazos previstos para la ejecución de la actuación, que en un primer momento está programado que termine en marzo.

Acortar tiempos

Así se lo trasladó el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, al presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, en un encuentro mantenido el pasado lunes. En concreto, Moragues se comprometió a acortar los plazos de ejecución de las obras y a buscar otras medidas adicionales para mejorar los tiempos de desplazamiento de los usuarios del tramo en el que actualmente está trabajando Fomento.

Sin embargo, desde la Delegación de Gobierno no pudieron concretar ayer en cuánto se acortarían los plazos ni qué otras medidas adicionales pretenden impulsar, ya que se encuentra en estudio.

Moliner, por su parte, insistió a Moragues sobre la necesidad de coordinar estos trabajos con medidas para paliar las molestias que puedan generar en los usuarios.