Las Provincias

Promotores reclaman al Consell 316 millones por anulación de planes urbanísticos

  • Para Salvador, este es el resultado de la «nefasta» y «negligente» gestión del PP en materia urbanística, que ha llevado a que los propietarios afectados hayan ido a los tribunales

La consellera de Obras Públicas, María José Salvador, ha informado hoy de que el Consell se enfrenta a una hipoteca urbanística del anterior gobierno del PP de 316 millones de euros por reclamaciones de propietarios y promotores en los tribunales por la anulación de planes urbanísticos.

Según ha explicado Salvador en una rueda de prensa, esta cantidad, que es posible que aumente, corresponde a reclamaciones de 60 propietarios o promotores por la anulación de 20 planes urbanísticos aprobados por el anterior Consell sin informes de las confederaciones hidrográficas ni evaluaciones ambientales.

Para Salvador, este es el resultado de la "nefasta" y a veces "negligente" gestión del PP en materia urbanística, que ha llevado a que los propietarios afectados hayan presentado reclamaciones patrimoniales en los tribunales por la anulación de planes urbanísticos y la disminución del valor de sus terrenos.

La hipoteca urbanística de los 20 años de gobierno popular han dejado 316 millones de euros por más de 60 reclamaciones de propietarios que ser aceptadas puede suponer un "auténtico torpedo a la línea de la flotación de las ya esquilmadas arcas públicas de la Generalitat", ha lamentado la consellera.

Entre las reclamaciones figuran, entre otros, las de los propietarios y promotores afectados por las anulaciones de los Planes de Actuación Integral (PAI) de Rabasa, en Alicante, y Porxinos, en Riba-roja, y también en Altea y en Valencia.

Salvador ha informado de que estas reclamaciones patrimoniales serán recurridas por la Generalitat en los tribunales, pero ha admitido que el Consell es consciente de que tendrá que "acabar pagando" y que se esperan nuevas reclamaciones.

"Hay que 'resetear' el urbanismo y la planificación para hacer las cosas bien y no improvisar" en la Comunitat, ha manifestado la consellera, quien ha advertido asimismo de que "ha acabado el tiempo del "desbarajuste" en la gestión urbanística.

Según Salvador, el nuevo Gobierno ha adoptado medidas para actuar con "rigor y seriedad" y se han acabado los tiempos en los que los proyectos se aprobaban sin los informes preceptivos, se obviaba la normativa o no se tenían en cuanta los informes técnicos.

Para ello, una de las primeras acciones del Consell ha sido "la estrategia territorial valenciana vinculante", que será la base del planeamiento urbanístico en la Comunitat, con una nueva vocación de "planificación integral del territorio".

La consellera de Obras Públicas ha advertido de que el "tiempo de la improvisación" y de "informes a la carta" se ha terminado en la Comunitat.